La Fiscalía reprocha al Estado que apoye a Audasa en el caso de los peajes de Rande

Ana Barcala PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

CAPOTILLO

El juez admite que se persone, pero estima que «se alinea» con la demandada

11 feb 2020 . Actualizado a las 21:29 h.

El juicio contra Audasa por el cobro abusivo de peajes en la AP-9 durante el período de ampliación del puente de Rande, cuando se produjeron grandes retenciones, comenzó ayer en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra con la admisión de la personación del Ministerio de Transportes, representado en la causa por la Abogacía del Estado. La Fiscalía reprendió duramente al letrado del Estado aclarando que es obligación de este defender los intereses de los usuarios, representados ya por el ministerio público. Criticó también que solicitara personarse a escasos días de la fecha marcada para el juicio y que no defina si lo hace en calidad de demandante o de demandado. Argumentos similares esgrimieron los abogados de las asociaciones En-Colectivo y Adicae, así como los letrados de ocho afectados a título personal, que insinuaron que lo hace «en defensa de Audasa».

El magistrado, Manuel Marquina Álvarez, entiende que la Abogacía del Estado puede defender «intereses propios» en este procedimiento, distintos a los de los ciudadanos que están representados por la Fiscalía, y añadió que es «indudable» que el Estado «se alinea» en defensa de la parte demandada.

Sin embargo, el representante legal del Estado indicó que la demanda solicita la modificación de las bases de explotación de la AP-9, incluyendo un aspecto que hasta el momento no aparece recogido: que las alteraciones del tráfico afecten a la cuantía del peaje a abonar.

Este extremo fue negado al término de la sesión por los fiscales que llevan el procedimiento, Alejandro Tuero y Santiago de Miguel. La demanda de la Fiscalía no hace referencia a las condiciones de la explotación, ni al derecho de Audasa a cobrar o al importe del peaje. Lo que pretende es que se declare nula la práctica de cobrar íntegramente el peaje cuando hay una merma en la calidad del mismo o no se presta en condiciones satisfactorias, como ocurrió durante el período de obras.

El ministerio público, que en diciembre del 2018 presentó la demanda colectiva que ha dado lugar al inicio del procedimiento ordinario, insistió en que «la ejecución de unas obras entre los puntos kilométricos 145,180 y 151,080 afectó de forma relevante y constante al tráfico en la autopista, especialmente en el entorno del puente de Rande».

Adicionalmente, la Fiscalía recordó que durante el período en el que se llevó a cabo la ampliación de Rande, comprendido entre febrero del 2015 y junio de 2018, Audasa calculó que se produjeron unos 77 millones de desplazamientos y una recaudación cercana a los 90 millones de euros. La asociación En-Colectivo exigirá además de la devolución, los intereses generados.

Antecedentes

El procedimiento se inició después de que, en diciembre del 2018, la Fiscalía presentase una demanda colectiva que fue admitida a trámite días después.

Posteriormente, en septiembre del 2019, Autopistas del Atlántico se opuso a la demanda mediante un escrito en el que argumentó que la afección al tráfico durante la ejecución de los trabajos era «ineludible», y que hubiera sido «más fácil y menos costoso si las obras se hubieran ejecutado cerrando la autopista al tráfico».