Agradecimiento de los vecinos del Edificio Pintos


Esta semana los vecinos del Edificio Pintos de Bueu, vieron por fin la luz. El TSJ de Galicia declaró la concurrencia de causa legal de imposibilidad de ejecución de la Sentencia que condenaba al ayuntamiento de Bueu a la reposición de la legalidad urbanística de un edificio de 19 viviendas de protección oficial.

Los legítimos propietarios de estas viviendas las habían comprado ante notario e inscrito en el registro de la propiedad en el año 1987, y un año más tarde hasta habían pagado la plusvalía al propio ayuntamiento de Bueu.

Nada sabían esas 19 familias sobre un procedimiento administrativo y luego judicial que existía sobre la legalidad de la licencia y de la obra realizada. Sin embargo, en diciembre de 1990, el TSJ de Galicia condena al ayuntamiento de Bueu a reponer la legalidad urbanística, y es el año 1994 cuando los vecinos se enteran de la sentencia y todo lo que supone. ¡Qué injusticia!

¿Qué habían hecho aquellos vecinos para que ahora sus viviendas estuvieran en tal situación ? La verdad es que no había cometido ningún ilícito y solo habían hecho lo que está establecido para comprar una vivienda. Sin embargo, el tribunal no los había tenido en cuenta y ni siquiera se le había ocurrido tomar la iniciativa de convocar a estas 19 familias para que se personaran en el juicio, a pesar de saber quienes eran y donde vivían. ¡Qué indefensión!

Hoy, después de más de 30 años de haber comprado sus viviendas, estos vecinos pueden descansar por fin. La factura ha sido costosa. El desgarro emocional que vivieron a lo largo de todos estos años, cuyo culmen tuvo lugar cuando tuvieron que leer en la orden de desalojo emitida en la que se indicaba que sus enseres serían sacados de sus viviendas y despositadas en una lona colocada a pie de parcela. ¡Qué exceso verbal! Cuanto dolor en unas palabras que suponían la rotura para siempre del vínculo que une a las personas entre sus recuerdos y el lugar donde estas se vivieron. Aquello hizo que se unieran y crearan el movimiento de “La lona de la vergüenza”.

En la desesperación no estuvieron solos. La respuesta del pueblo de Bueu y de la comarca del Morrazo fue indescriptible. Se recogieron más de 8000 firmas, en un pueblo donde viven 12000 personas, incluyendo menores de edad. Los medios de comunicación se volcaron: Marcos Gago, David García, Irene Viñas, … Y, por supuesto también encontraron asociaciones como AMA o AUAN y personas que trabajaban en ellas como Antonio Vilela, Ciriaco o Gerardo Vázquez, personas que desde esas asociaciones trabajan muy duro por hacer cambios legislativos que protejan a los terceros de buena fe que se encuentren con sus viviendas amenazadas con ser derribadas por las malas práxis de una administración. No son los condenados, pero si los que acaban pagando los errores de otrso, porque son ellos quienes se quedan sin sus viviendas. Estas asociaciones habían conseguido meses antes la modificación del artículo 108.3 de la LJCA, y fue precisamente este artículo al que se aferraron los vecinos del edificio Pintos para intentar salvar sus viviendas de protección oficial.

El ayuntamiento de Bueu, en un pleno histórico celebrado el 25 de octubre de 2015, aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que pedía perdón a los legítimos propietarios del Edificion Pintos.

El tiempo pasaba y las soluciones no parecían llegar, y nuestro amigo y abogado, Antonio Cascante, luchaba una y otra vez, hasta encontrar un camino que nos llevara a ver la luz. Hace tan solo unos meses, Antonio Cascante nos dejó para siempre, pero su recuerdo y esta victoria son de él.

Por eso, hoy queremos dar las gracias a todas las personas que nos ayudaron: al pueblo de Bueu, a Antonio Vilela, Ciriaco, Gerardo Vázquez, Antonio Cascante, Inmaculada Revuelta, … y a todos los amigos y amigas que estuvieron a nuestro lado.

Gracias a todos ellos. Ahora, tenemos que seguir trabajando, porque quedan muchas viviendas a las que tenemos que ayudar. Para ello, es necesario que los cambios legislativos vengan del Estado, como sucedió con el 108.3 y con la reforma del código penal, y deben de hacerlos protegiendo a los terceros de buena fe con medidas efectivas e inmediatas, y estableciendo mecanismos para que la ciudadanía tenga medios para conocer de antemano los problemas administrativos o judiciales que existen sobre la vivienda que quieren comprar. Ese es el camino, y no el de torpedear las iniciativas que CCAA como Cantabria, Galicia y ahora Andalucía, intentan tener para solucionar un problema que afecta a centenares de miles de familias y que los tiene en un sin vivir. Por eso, ánimo a todas y a todos y sigamos trabajando.

Muchas gracias.

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