«Estuve tres meses de baja y no reconocían el accidente laboral»

Javier Abad participó ayer en la movilización de los vigilantes de seguridad para exigir más medios y mayor protección jurídica


Javier Abad, natural de Vilagarcía, es vigilante de seguridad desde 1998. Ayer participó en la concentración de Pontevedra convocada por el sindicato UGT. Trabaja como vigilante en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Sabe bien lo que es sufrir una agresión física. En su trayectoria profesional acumula seis, la más grave el pasado febrero. «Estuve tres meses de baja. Me afectó a un hueso de la muñeca y un hombro. Fue en el servicio de Urgencias, cuando acudí para defender a un médico de un paciente», relata. Javier, al igual que muchos de sus compañeros, se siente desprotegido por la Administración central y la mutua. Tras esa agresión de febrero tuvo que denunciar a la mutua porque no reconocía lo ocurrido como un accidente laboral. «Me decían que eran daños degenerativos porque ya tengo 50 años. Al final, la Seguridad Social resolvió a mi favor», subraya.

Él trabaja para Securitas y subraya que la situación de los vigilantes del Chuvi y del CHUS es mucho mejor que la de compañeros de otros hospitales públicos. «Gracias a un acuerdo con Securitas en los centros hospitalarios contamos con las medidas de autoprotección reguladas, es decir, chalecos, espray de gel pimienta y guantes anticorte, además de unos protocolos de actuación», señala. Este vigilante asegura que desde que este año se amplió el número de vigilantes del Cunqueiro bajó el número de altercados y también de bajas laborales. En ese centro están ahora seis vigilantes en el turno de mañana, seis en el de tarde y tres en el de noche. «Con más personal hay un efecto disuasorio que minimiza el riesgo», recalca.

Vigilantes de seguridad exigen más medios y mayor protección jurídica

El colectivo se moviliza en Pontevedra para denunciar que aumentan las agresiones

cristina barral

Un grupo de vigilantes de seguridad privada, convocados por el sindicato UGT, se concentraron ayer ante la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra para reclamar medidas de autoprotección suficientes y una mayor protección jurídica en el desarrollo de sus funciones. Isaac Gutiérrez explicó que la protesta de este miércoles se enmarca en una campaña estatal para denunciar que se está registrando un incremento en el número de agresiones a estos profesionales. En la ciudad, esta central ha difundido este año varios casos ocurridos en alguno de los dos hospitales públicos (Montecelo y Provincial). Además de centros sanitarios, la situación se agrava en medios de transporte como ferrocarriles, centros comerciales o campos de fútbol.

¿Qué es lo que demandan? Exigen al Gobierno central que obligue a las empresas a dotar de mayores elementos de autoprotección y a contar con protocolos de actuación. Quieren que esa obligatoriedad se incluya en el reglamento de seguridad privada. Un reglamento que debe avanzar, sostienen, hacia una mayor protección jurídica del personal de seguridad privada. Subrayan que juegan un papel fundamental y complementario a la seguridad pública «en lugares reconocidos como estratégicos y de pública concurrencia».

El Gobierno y el ministro del Interior, remacha UGT, tienen que pasar de las palabras a los hechos. «La seguridad privada es diariamente agredida en el ejercicio de sus funciones. Ante este hecho hay una gran pasividad de empresas, usuarios y el propio Ejecutivo». Piden que se reconozca su autoridad y que si son agredidos no sean delitos leves.

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