El alcalde de Barro revela que está citado para declarar como investigado por la obra de la piscina

Quien conoce al alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes (BNG), que gobierna con mayoría absoluta, sabe que no es persona de grandilocuencias. Quizás por eso, esta mañana, cuando convocó una rueda de prensa para anunciar que le acaban de citar a declarar en el juzgado de Caldas en calidad de investigado por la obra de la piscina, habló en su habitual tono tranquilo y prefirió leer su discurso para evitar salirse del guion lo más mínimo. Le citan, a petición del fiscal, como investigado por un delito de prevaricación administrativa.  

Efectivamente, Xosé Manuel Fernández Abraldes anunció que le acaban de citar a declarar como investigado. ¿Por qué? Para entender lo que ocurre ahora hay que remontarse al mes de mayo, en plena campaña electoral, cuando José Antonio Landín, histórico exalcalde y portavoz del PP, presentó una denuncia por la ejecución de la obra de la piscina. Los conservadores anunciaron que acudían al juzgado porque entendían que se había producido un sobrecoste en esta actuación y que además ese dinero a mayores había salido de las arcas municipales. Los populares señalaban cosas como que había partidas que se pagaron en dos ocasiones y aireaban la campaña electoral diciendo que había un «desvío de fondos de 70.000 euros».

Llegaron las elecciones, el BNG sacó mayoría absoluta y el PP no volvió a insistir con este asunto, al menos de cara a la galería. Pero los populares, tal y como habían anunciado, ya habían puesto todo este asunto en manos de la Fiscalía de Pontevedra, que a lo largo de los últimos meses estuvo investigando sobre la obra de la piscina. De hecho, en la citación quien aparece como denunciante es la fiscalía y el delito por el que se cita a Abraldes es el de prevaricación administrativa. 

Según Xosé Manuel Fernández Abraldes, en este tiempo el denunciante (el popular José Antonio Landín) compareció en tres ocasiones y, sin embargo, ni a él ni a nadie del gobierno local les llamaron para hacerlo. «Nunca nos chamaron a nós para aclarar dúbidas que pudiera ter a fiscalía sobre este tema, pois desta maneira seguramente xa non chegarían a remitir ao xulgado estas dilixencias», indicó hoy Abraldes. 

El caso es que la Fiscalía de Pontevedra sí decidió remitir las diligencias al juzgado. Concretamente, el caso lo lleva el Juzgado de Instrucción Número 1 de Caldas, que cita a declarar el martes tanto al alcalde de Barro como al aparejador municipal. Ambos deben acudir en calidad de investigados. 

Fernández Abraldes asegura que tiene «tranquilidade absoluta porque o proxecto da piscina foi executado de maneira impecable, tanto a nivel técnico como de procedemento». Para hablar en esos términos, acudió a la rueda de prensa con un informe de la Diputación, que entregó a los medios de comunicación, en el que se resume todo lo ocurrido con la obra de la piscina. Este documento, firmado por una técnica de la Diputación (la jefa del servicio de Cooperación), lo que dice es que sí hubo un modificado del precio inicial en el proyecto de la piscina, pero que este no excede del 20 % que marca la ley.

Además, dice también que Administración  no tuvo que gastar más dinero por haberse ese modificado, ya que se pagó con la baja realizada por la empresa. El presupuesto para la obra de la piscina era de 358.000 euros, la empresa presentó una baja y quedó en 293.000 y, aún haciéndose el modificado, no se superó esa cantidad inicialmente prevista, según los datos de Fernández Abraldes y según el informe de la Diputación. Falta saber qué opinará el juzgado al respecto. De momento, al alcalde y al aparejador municipal les citan para declarar como investigados. 

Fernández Abraldes, aunque con mesura, sí dijo que denuncia presentada por el PP es «unha chapuza total» y que cree que el verdadero problema de la formación conservadora con la piscina municipal es que prometió ejecutarla durante más de una década y no logró hacerlo. El regidor se congratuló de que este verano, por fin, y tras años de espera, los vecinos pudiesen disfrutar del servicio. Insistió por pasiva y activa que no teme su paso por los juzgados, que quiere dar las explicaciones oportunas y concluyó: «Teño claro que se actuou neste caso como sempre facemos en todas as obras que levamos executado: con rigor, con control do gasto público e con respecto absoluto aos procedementos de contratación, e buscando que este novo equipamento dos que xa desfrutaron cerca de dez mil usuarios este pasado verán reunira as maiores garantías de calidade e seguridade para o uso público». 

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