La Justicia tiene en sus manos el futuro de once núcleos de litoral de la provincia de Pontevedra

Marcos Gago Otero
marcos gago PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

CAPOTILLO

El nuevo reglamento de Costas no flexibilizará las condiciones sobre estos espacios. En A Illa ya dan por agotada la vía judicial

09 dic 2019 . Actualizado a las 08:01 h.

La Justicia deberá pronunciarse sobre el futuro de once núcleos de litoral de la provincia de Pontevedra, cuyos concellos han recurrido a los tribunales para conseguir el reconocimiento que les niega Costas a la hora de regularizar su situación. Si los Ayuntamientos implicados lograsen sus objetivos, la franja de protección de Costas bajaría de los cien a los 25 metros, lo que permitiría solucionar un problema urbanístico que está enquistado en el litoral pontevedrés desde que entró en vigor la primera ley estatal en 1988 y que no tuvo en cuenta las especificidades del poblamiento gallego.

Hubo que esperar a la primera reforma de la Ley de 1988, que realizó el Gobierno de Rajoy en el 2013 para conseguir desatascar este problema en la provincia. Algunos lugares como el varios edificios del casco urbano de Moaña lograron su regularización automática al figurar expresamente en un apéndice con un listado en la Ley, mientras que otros, como en el caso de varios núcleos Marín, lo tuvieron que demostrar en base a las disposiciones transitorias de la legislación reformada. Desde Costas inciden en que el nuevo reglamento de la Ley del 2013, que espera aprobar el Ejecutivo de Pedro Sánchez no modificará los condicionantes técnicos sobre los núcleos.

La entrada en vigor de la reforma del 2013 supuso, al menos en teoría, la posibilidad de poner fin al problema urbanístico en el litoral pontevedrés. Un total de 19 municipios de la provincia presentaron solicitudes para la regularización de 74 núcleos. Los gobiernos locales lo intentaron en base a dos posibilidades jurídicas que abría la Ley del 2013. Por un lado, se reclamaba poder demostrar cierto grado de consolidación urbanística previa a 1988 en los núcleos interesados. La segunda opción era poder demostrar la existencia de servicios públicos en los asentamientos citados. Fue en base a esta situación que se logró normalizar la situación de once núcleos de concellos como Marín o Baiona, pero los condicionantes de la transitoria de la Ley de Costas dejaron fuera a la inmensa mayoría de los lugares solicitados en la provincia. El porcentaje aprobado no alcanzó al 15 % de las solicitudes.

Varios concellos recurrieron a los tribunales con suerte dispar. O Grove logró una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia favorable a sus expectativas, mientras que A Illa y Sanxenxo se encontraron con que la vía judicial desestimaba sus pretensiones. A Illa perdió en el TSXG y descartó acudir al Supremo, mientras que no ha trascendido si Sanxenxo apeló al Supremo tras perder en la Audiencia Nacional el pasado septiembre. El caso arousano es especialmente atípico, porque A Illa se trata precisamente de eso, una isla en todo su territorio municipal. Por su parte, Vilaboa, que perdió en vía administrativa, lo volverá a intentar por el mismo canal, ahora que ya dispone de un PXOM.

74

Solicitudes

Total de núcleos solicitados en el 2013 por 15 concellos

11

Aceptados

Costas solo dio su visto bueno a once peticiones

11

Ante la Justicia

Cinco concellos esperan el veredicto de los tribunales