La viuda del patrón del Senefand 1, desaparecido hace tres años en Senegal: «Me hacen pasar por todo otra vez»

La familia del tripulante de Barro fallecido en el naufragio del barco reclama una indemnización ante el Juzgado


Pontevedra / La Voz

Cansada. Agotada tras tres años de espera, Sandra Patricia Arias revivirá el próximo lunes el episodio más trágico de su vida: la muerte de su marido, Vicente Pazos, en el naufragio del Senefand 1 en Senegal, embarcación en la que él era el patrón. Tanto ella como su abogado, Alipio Santiago, incidieron en que no habían querido llegar a los tribunales, pero que no les había quedado más remedio ante la escasa indemnización, entre 50.000 y 100.000 euros que la empresa armadora, adscrita al grupo gallego Profand, estaba dispuesta a pagarles. Aguantando la compostura, pero visiblemente emocionada, Sandra Patricia Arias explicó: «Me hacen pasar por todo otra vez» y señaló que acudía a los Juzgados de lo Social para que obtener una mínima compensación económica que le garantice cómo salir adelante, ya que se quedó viuda con dos niñas pequeñas. En su comparecencia en rueda de prensa, la viuda del patrón del Senefand 1, definió estos tres años de espera como «agobiantes» para ella y los suyos y recalcó que su hija mayor todavía no ha podido superar el duelo por el fallecimiento de su padre. «En mi familia esta es una gran pérdida, que es siempre más dramática cuando sucede así». Incide, entre otras cosas, que no se ha podido recuperar aún el cuerpo, que sigue desaparecido como los de otros dos marineros senegaleses que también se hundieron con el barco. Otra cuestión que esta familia no entiende es que a la muerte en el naufragio no se le haya otorgado la condición de accidente laboral, según explicó el portavoz de la CIG, Xabier Aboi, porque al tratarse de un buque que faenaba con otro convenio y pabellón extranjero, la Seguridad Social no le reconoció esta categoría, situación que podría cambiar si el juicio del próximo lunes por la indemnización fallase a favor de la demandante, según indicó el abogado Alipio Santiago.

En su intervención, Sandra Patricia Arias explicó que al principio, la empresa «se portó bien» con ellos, pero que a la hora del abono de las indemnizaciones, «para sustentar una familia que perdió a un pilar fundamental para el desarrollo de las niñas, nos quedamos solas». Y es que siguiendo los cálculos del baremo de accidentes de tráfico -no existe una tabla propia para el mar, precisó el abogado- les correspondería percibir unos 400.000 euros, una cifra que supone el 0,00056 % de la factuación anual de la armadora, indicó Aboi. Para el abogado de la viuda, «houbo negociacións entre a miña representada e Profand, pero non se concretou ningunha indemnización que cubra a perda de un pai con dúas fillas pequenas».

«Me parece vergonzoso que después de una experiencia tan traumática nos hagan pasar por los juzgados y hacerme recordar todo, es indignante». Añadió: «Quiero saber con contundencia si este barco cumplía con las condiciones de seguridad para ese caladero» e hizo un llamamiento a la Administración y a los partidos políticos españoles para que actúen a la hora de garantizar una mayor seguridad y protección a los tripulantes españoles en el mar. 

Por su parte, el abogado de la viuda del patrón del Senefand 1 apeló al informe técnico de la comisión de investigación sobre el naufragio, organismo al que reconoce un carácter independiente y de carácter técnico y objetivo para aclarar lo que ocurrió. «Está claro que se un barco coa mar en calma se afunde en tres ou catro minutos é porque algo hai ahí». Alipio Santiago es consciente de que la comisión investigadora no tiene capacidad judicial, pero indicó que su informe es un documento «pericial obxectivo» y que su conclusión «é orientativa sobre cal é o accidente en si». El abogado no quiso entrar mucho en los detalles de su línea de argumentación, ya que el juicio se celebra el lunes y no quiere dar demasiadas pistas a la parte contraria, si bien dejó entrever que se apoyaría en el informe de la comisión investigadora y en las condiciones estructurales del pesquero a la hora de afrontar con seguridad la pesquería en el caladero africano.

Asimismo, el portavoz de la CIG, Xabier Aboi, insistió en que no cabe duda de que se trató de un accidente laboral y que cómo tal tendría que ser abordado tanto por la empresa armadora como por las autoridades españolas y criticó duramente la actitud de la compañía a la hora de atender una petición que considera justa.

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