Los guardias civiles que actuaron en los atascos de Rande, testigos del juicio contra Audasa
PONTEVEDRA
El juez del Mercantil de Pontevedra rechaza que comparezcan más de ochenta usuarios de la AP-9 en el arranque del proceso por el cobro de los peajes durante las obras. El juicio será en febrero
04 nov 2019 . Actualizado a las 22:34 h.No podrán declarar los más de ochenta afectados por los atascos que se produjeron en el puente de Rande mientras se llevaba a cabo la ampliación del puente de la AP-9, pero sí lo harán los agentes de la Guardia Civil de Tráfico que tuvieron que intervenir en la regulación de la circulación. En una decisión salomónica, el titular del Juzgado de lo Mercantil número uno de Pontevedra rechazó los testigos propuestos por los demandantes, ente ellos los de la Fiscalía Provincial y de la asociación En-Colectivo por considerarlas unos testimonios interesados, no relevantes y que, por tanto, no serían pertinentes. Pero, al mismo tiempo, propuso la comparecencia de los guardias civiles y el personal de la Jefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra que tuvo que intervenir durante las retenciones para que, entre otras cuestiones, expongan las repercusiones de la incidencia.
Los que también tendrán que comparecer serán los técnicos propuestos por Audasa, la concesionaria de la autopista.
De igual modo, el magistrado precisó en la vista previa celebrada este lunes fijó la celebración del juicio el 11 y 12 de febrero del próximo año, al tiempo que fijó los hechos controvertidos que serán objeto de debate. Por un lado, si existieron o no retenciones y cortes de tráfico de consideración -Audasa, al parecer, admite que hubo atascos, si bien los minimiza y señala que, en gran medida, fueron ocasionados a otras circunstancias sin relación con las obras del puente de Rande- y, por otro, la oportunidad del cobro íntegro de los peajes en circunstancias en las que la autopista no presta el servicio demandado por los usuarios. Esto es, si el cobro de peajes en situaciones de retenciones importantes es o no una práctica abusiva.
En este sentido, desde el ministerio público sostienen que es algo que se sigue produciendo en la actualidad. Así, esgrimieron que los atascos se han reproducido con las obras de mantenimiento de la autopista, por lo que la Fiscalía sostiene que este proceso, en caso de salir adelante, determinaría el fin de estas prácticas en circunstancias similares en las que la concesionaria no pueda ofertar correctamente y con normalidad su servicio. «Es importante tratar de evitar que vuelva a ocurrir», señalaron al respecto.
De hecho, dejaron claro que su posicionamiento a favor de los consumidores no pone en entredicho la necesidad de acometer esta obra de ampliación. Es más, se congratularon de los reconocimientos internacionales recabados, pero también recalcaron su recuerdo a los trabajadores que resultaron heridos o fallecieron durante estos trabajos.
De igual modo, la Fiscalía dejó claro que las carreteras N-550 y N-554 no son una alternativa a la AP-9, ya que «nos encontraríamos con las mismas retenciones», sí como que «te obligaría a pasar por tres tramos de concentración de accidentes».
Por su parte, el representante legal de Audasa advirtió de que, en caso de que se condene a abonar los peajes íntegros abonados durante las obras —entre febrero de 2015 y julio de 2018— afectaría al Real Decreto por el que se regulan las tarifas y cómo se tiene que devolver la inversión de las obras. En definitiva, mantiene que se vería alterado el sistema de tarificación y de descuentos.