El riesgo de fuga mantiene en prisión a la principal banda de butroneros

Alfredo López Penide
López Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil relaciona a Sami Dogani con una veintena de robos con fuerza

11 ago 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

A principios de mayo, la Guardia Civil de Pontevedra desmanteló lo que hasta entonces se consideraba como uno de los principales y más activos grupos de butroneros que actuaban en España, el liderado por el serbio Sami Dogani, de 54 años. Se les relacionó entonces con una veintena de robos con fuerza, principalmente, en naves industriales, trece de ellas ubicadas en nueve concellos pontevedreses -Cuntis, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, Gondomar, Mos, Pazos de Borbén, Vilanova y Ponteareas-, así como otros en las provincias de Toledo, Badajoz, Lleida y Ciudad Real.

Tras producirse los arrestos, la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Pontevedra decretó el ingreso en prisión de los seis sospechosos, medida que acaba de confirmar la Audiencia Provincial. Los magistrados de la sección cuarta se decantaron por mantener la prisión preventiva de los sospechoso aludiendo, principalmente, a la existencia de un riesgo de fuga.

Se trata de un hecho que se acentúa, añaden al respecto, si se tienen en cuenta «las penas susceptibles de ser impuestas», toda vez que son «de necesario cumplimiento dada su extensión». Y es que, «estaríamos ante un delito de robo con fuerza continuado». Además, la Guardia Civil aludió a los delitos de pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, receptación y falsedad documental.

En el caso de uno de los encausados, las menciones que hizo su defensa al arraigo en territorio nacional fueron desestimadas. En este sentido, se aludió a que «tiene nacionalidad extranjera, con lo cual la facilidad para abandonar el territorio nacional y residir fuera del mismo es evidente».

En el supuesto de este sospechoso, se alude, entre otras cuestiones, a que la Guardia Civil realizó una serie de seguimientos que permitieron determinar que mantenía el contacto con el resto de investigados. Además, en su domicilio se localizaron dos walkie talkies «empleados en la comisión de los hechos delictivos».

En el supuesto de otro de sus compinches, se incide, igualmente, en su nacionalidad extranjera para sustentar que existe riesgo de fuga, una amenaza que se agrava por el hecho de que «se encuentra en situación irregular en España». Es por ello que la Audiencia de Pontevedra entiende que «el hecho de que resida desde hace más de diez años en España no conjura el riesgo de que se evada de la acción de la Justicia».

De igual modo, se incide en que el dinero en efectivo que no ha sido intervenido durante la investigación de la Guardia Civil es «un dato más en el que fundamentar el riesgo de fuga».

En todo caso, esta investigación, bautizada como operación Sangal, tuvo su origen en el repunte de robos en naves industriales que comenzó a observarse en el mes de enero. El modus operandi de estos asaltos llevó a la Guardia Civil a establecer que detrás de todos los butrones se encontraba el mismo grupo de personas. Al tiempo que se analizaban las grabaciones de seguridad de las empresas, los agentes llevaron a cabo minuciosas inspecciones oculares de estos escenarios.