El riesgo de fuga mantiene en prisión a la principal banda de butroneros

La Guardia Civil relaciona a Sami Dogani con una veintena de robos con fuerza


Pontevedra / La voz

A principios de mayo, la Guardia Civil de Pontevedra desmanteló lo que hasta entonces se consideraba como uno de los principales y más activos grupos de butroneros que actuaban en España, el liderado por el serbio Sami Dogani, de 54 años. Se les relacionó entonces con una veintena de robos con fuerza, principalmente, en naves industriales, trece de ellas ubicadas en nueve concellos pontevedreses -Cuntis, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, Gondomar, Mos, Pazos de Borbén, Vilanova y Ponteareas-, así como otros en las provincias de Toledo, Badajoz, Lleida y Ciudad Real.

Tras producirse los arrestos, la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Pontevedra decretó el ingreso en prisión de los seis sospechosos, medida que acaba de confirmar la Audiencia Provincial. Los magistrados de la sección cuarta se decantaron por mantener la prisión preventiva de los sospechoso aludiendo, principalmente, a la existencia de un riesgo de fuga.

Se trata de un hecho que se acentúa, añaden al respecto, si se tienen en cuenta «las penas susceptibles de ser impuestas», toda vez que son «de necesario cumplimiento dada su extensión». Y es que, «estaríamos ante un delito de robo con fuerza continuado». Además, la Guardia Civil aludió a los delitos de pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, receptación y falsedad documental.

En el caso de uno de los encausados, las menciones que hizo su defensa al arraigo en territorio nacional fueron desestimadas. En este sentido, se aludió a que «tiene nacionalidad extranjera, con lo cual la facilidad para abandonar el territorio nacional y residir fuera del mismo es evidente».

En el supuesto de este sospechoso, se alude, entre otras cuestiones, a que la Guardia Civil realizó una serie de seguimientos que permitieron determinar que mantenía el contacto con el resto de investigados. Además, en su domicilio se localizaron dos walkie talkies «empleados en la comisión de los hechos delictivos».

En el supuesto de otro de sus compinches, se incide, igualmente, en su nacionalidad extranjera para sustentar que existe riesgo de fuga, una amenaza que se agrava por el hecho de que «se encuentra en situación irregular en España». Es por ello que la Audiencia de Pontevedra entiende que «el hecho de que resida desde hace más de diez años en España no conjura el riesgo de que se evada de la acción de la Justicia».

De igual modo, se incide en que el dinero en efectivo que no ha sido intervenido durante la investigación de la Guardia Civil es «un dato más en el que fundamentar el riesgo de fuga».

En todo caso, esta investigación, bautizada como operación Sangal, tuvo su origen en el repunte de robos en naves industriales que comenzó a observarse en el mes de enero. El modus operandi de estos asaltos llevó a la Guardia Civil a establecer que detrás de todos los butrones se encontraba el mismo grupo de personas. Al tiempo que se analizaban las grabaciones de seguridad de las empresas, los agentes llevaron a cabo minuciosas inspecciones oculares de estos escenarios.

Estas pesquisas terminaron conduciendo hasta Sami Dogani, quien tenía su base de operaciones en Madrid estableciendo pisos franco en las localidades de Torrejón de Ardoz, Chamartín, Usera y Carabanchel

La jueza instructora autorizó la colocación de medios de seguimiento y localización en coches de los sospechosos

A la hora de recabar pruebas e indicios contra los sospechosos, los agentes de la policía judicial de la Guardia Civil de Pontevedra y del ECO Galicia llevaron a cabo infinidad de actuaciones y seguimientos bajo la supervisión de la jueza instructora. Precisamente, y según confirmaron las fuentes consultadas, la magistrada autorizó la colocación de medios técnicos de seguimiento y localización en, al menos, dos de los vehículos habitualmente empleados por los sospechosos.

El objetivo, al parecer, no solo era determinar la posición de los automóviles en un momento determinado, sino averiguar los recorridos o itinerarios que realizaba, así como concretar si se ubicaban en las proximidades de las naves asaltadas en el momento en el que se consumaron los robos.

La Guardia Civil tiene claro que la movilidad era una de las principales características del entramado desmantelado. A fin de cuentas, los sospechosos, presumiblemente, no dudaban en recorrer cientos de kilómetros para consumar sus golpes. De hecho, se tiene el convencimiento de que, en la mayor parte de los casos, en el mismo día se desplazaban desde Madrid hasta la localidad donde se situaba la empresa objetivo, llevaban a cabo el asalto y regresaban a la capital.

Por otro lado, a la hora de apuntalar la acusación de grupo criminal, los investigadores mantienen la tesis de que actuaban de una forma jerarquizada y estructurada, de tal modo que existía un reparto de funciones. Esto les llevaba a planificar con antelación suficiente cada uno de los asaltos para, de este modo, conocer los puntos débiles de cada empresa, sus sistemas de seguridad o las vías de accesos y huida.

Reparto de funciones

Posteriormente, y siempre según la versión ofrecida por el instituto armado de Pontevedra, mientras unos se ocupaban de inutilizar las alarmas en horario nocturno, otros asumían la vigilancia desde el interior de vehículos que estacionarían en el entorno de las empresas. Buscaban, por tanto, minimizar riesgos para lograr la mayor impunidad a la hora de realizar los butrones.

Una vez conseguían acceder al interior de las naves industriales, forzaban las cajas fuertes con el objetivo de sustraer el dinero y todos los efectos de valor que encontrasen. Precisamente, el hecho de que no se hubiese recuperado la totalidad del dinero en efectivo robado es uno de los argumentos que afianza la hipótesis de que los detenidos disponen de medios económicos para, llegado el caso, garantizarse la huida del país.

En cualquier caso, la Guardia Civil mantiene que lo habitual es que trataran de deshacerse de los botines cuanto antes, si bien se logró recuperar «una importante cantidad de efectos procedentes de los robos» en el transcurso de los cinco registros domiciliarios realizados por los agentes.

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