Costas controlará el derribo de Elnosa y la Xunta, la regeneración del suelo

La empresa debe entregar un proyecto sobre la fábrica ante Madrid y Santiago


pontevedra / la voz

Dos Administraciones tienen que decidir cómo se llevará a cabo la recuperación ambiental de los terrenos que la empresa Elnosa, perteneciente al grupo portugués Bondalti, tenía hasta hace un año en Lourizán en régimen de concesión. Por un lado, se encuentra la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. Por el otro, la Xunta a través de los departamentos de Medio Ambiente y Augas de Galicia, adscritos a la Consellería de Infraestruturas. Ambas tendrán que pronunciarse sobre distintos aspectos de la regeneración de la finca.

Cabe recordar que tras un complejo procedimiento administrativo y judicial, el ministerio declaró oficialmente la caducidad de la concesión de Elnosa en diciembre del año pasado. Desde que se comunicó esta resolución y dado que no fue recurrida en los tribunales por la electroquímica, empezó a correr el tiempo que la empresa tiene para la recuperación ambiental de los terrenos que ocupa en Pontevedra.

Según señalaron fuentes del Gobierno estatal, Bondalti se encuentra actualmente «en fase de presentación y estudio de los proyectos de desmantelamiento y descontaminación de las instalaciones» de la factoría en Lourizán. Es una tramitación larga y con muchos flecos, por lo que Madrid no ha adelantado una fecha aproximada para su remate. Desde el ministerio indican que «el análisis de la documentación que ase vaya presentando determinará el avance en la tramitación administrativa». Los máximos responsables de Bondalti cifraron, en noviembre del 2018, que la recuperación ambiental de los terrenos podría tardar dos años.

Por su parte, sí que se va despejando la distribución competencial de este expediente. Una vez que se ha declarado la caducidad de la concesión para ocupar el dominio público marítimo terrestre, la empresa está obligada a dos acciones principales.

Verificar subsuelo y aguas

En primer lugar está el derribo de las dependencias actuales de la factoría. Se trata de los edificios, maquinaria y otras instalaciones que existan en el recinto. Las piezas más sensibles relacionadas con la producción de cloro con el empleo de la tecnología de mercurio se retiraron de la fábrica en enero del año pasado. Sobre este apartado en particular, desde Costas indican: «Los términos en los que haya de procederse al levantamiento de las instalaciones será objeto de pronunciamiento por parte de la Administración general del Estado».

El segundo eje de esta intervención ambiental consiste en la limpieza de la parcela donde se ubica la fábrica. La demolición de las estructuras sin más no es suficiente. Hay que verificar el estado de los terrenos donde se asienta. Hace un año que ya se hicieron varias catas en el entorno inmediato para examinar el sustrato y su posible afección en aguas subterráneas. Es por eso que Bondalti tendrá que aplicar un proyecto específico para esta actuación ambiental, que implique la retirada de los suelos contaminados en caso de que los haya y su tratamiento por un gestor autorizado.

Desde Transición Ecológica, sin embargo, apuntan a la Administración autonómica para este objetivo. «Respecto de las medidas de descontaminación de suelos y aguas subterráneas, deberá ser la Xunta de Galicia quien fije las condiciones en ejercicio de sus competencias en materia ambiental», precisan desde el ministerio.

La electroquímica portuguesa continúa su producción en Cantabria

El grupo portugués Bondalti, dueños de Elnosa, llevó a cabo un plan B ante el incierto futuro judicial de la fábrica de Lourizán y como medida para seguir produciendo cloro en España. La solución la encontró el grupo portugués, que en aquel momento se llamaba CUF, con la adquisición de la antigua factoría de Solvay en Torrelavega, en Cantabria, hace dos años. La inversión prevista para Pontevedra se desvió para la localidad cántabra y esta fue la prueba indiscutible de que el cierre de Elnosa era cuestión de tiempo. La resolución de la caducidad de la concesión el año pasado fue el último toque de gracia para una factoría donde ya no se producía cloro, sino que solo lo recibía como almacén. Se realizó un ERE extintivo para una parte de la plantilla, mientras a otros de los trabajadores se les recolocó en Torrelavega.

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