La Guardia Civil se incauta de 170 litros de aguardiente ilegal en un bar de Ponte Caldelas

Se trata de un producto de fabricación artesanal, cuya venta podría suponer un riesgo para la salud pública al carecer de controles


Pontevedra

La Guardia Civil se incautó de una partida de 170 litros de aguardiente clandestino, de fabricación artesanal, que se estaba comercializando de forma fraudulenta en el municipio de Ponte Caldelas, sin ningún tipo de etiqueta ni marcas fiscales.

La actuación, llevada a cabo por la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Marín fue como consecuencia de una inspección rutinaria que realizaron en un bar del término municipal de Ponte Caldelas, con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la normativa sanitaria y fiscal de la mercancía que estaba dispuesta para la venta.

Según se informa desde la Guardia Civil, en el transcurso de la inspección se localizaron en el almacén del establecimiento: dos garrafas con 20 litros cada una de aguardiente blanco; otras cuatro de 20 litros con aguardiente de hierbas y otras dos garrafas que contenían 25 litros de aguardiente tostado cada una. Suman un total de ocho garrafas con 170 litros de aguardiente.

Según se pudo comprobar, todos los envases, que aparentemente estaban dispuestos para la distribución y venta a los clientes del bar, carecían de las preceptivas etiquetas y marcas fiscales que pudiesen determinar su trazabilidad, según dispone la legislación vigente.

En consecuencia, la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Vigo procedió a la incautación cautelar de todos los envases y, al mismo tiempo, denunciaron al responsable del bar por sendas infracciones administrativas: una de ellas, a la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, de la que es competente la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Pontevedra, por carecer de las precintas fiscales y la otra a la Ley 2/2012 de protección general de las personas consumidoras y usuarias, que tendrá que resolver la Delegación Provincial de Sanidade de la Xunta de Galicia.

En este último caso, la denuncia tiene su origen en el riesgo que la venta del alcohol podría suponer para la salud pública, dado que al carecer de etiquetas comerciales se pierde la trazabilidad del producto y no se puede conocer la empresa responsable de su elaboración y distribución. 

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