Ence deriva en un conflicto poliédrico

No solo se trata de un contencioso judicial. Ya es un conflicto social y económico. Y finalmente un argumento para votar según qué en las dos próximas citas electorales


En apenas dos semanas desde que se conoció el cambio de actitud del Gobierno Central para con Ence, el conflicto generado se ha extendido y ramificado en diversos frentes con un vigor extraordinario. Es evidente que las proporciones son mayores cuanto mayor ha sido la coincidencia en el tiempo con dos citas electorales que retroalimentan a los bandos enfrentados.

El punto de partida es político y jurídico. Difícilmente podremos disociar ese maridaje. Basta remitirse a la aparición de sendos informes de la Abogacía del Estado diciendo una cosa y la contraria, a un gobierno y a otro, a propósito de la legalidad de la prórroga a Ence, en el margen de apenas tres años. Por tanto tenemos un conflicto que han empezado a librar los jurídicos y se ventilará en los juzgados; una confrontación de intereses sociales, que ya se ha trasladado a las calles y tiene pinta de durar unas cuantas semanas. Pero también un problema económico que ya ha salpicado a la Bolsa al tratarse de unas de las 35 empresas más poderosas del país, que cotiza en el famoso IBEX, donde por cierto, se ha pegado un porrazo formidable. Y finalmente, es un argumento de campaña que cada partido político está usando para que miles de ciudadanos, sobre todo gallegos, decidan si les afecta o no a la hora de discernir las papeletas a introducir en las urnas, primero el 28 de abril; después el 26 de mayo.  

Formidable contradicción

Uno de los hallazgos que nos ha deparado, hasta ahora, este nuevo culebrón sobre Ence es la constatación de que una institución del Estado de derecho como la Abogacía General del Estado pueda llegar a emitir informes diametralmente diferentes sobre un mismo asunto según el encargo y el signo político del gobierno de turno. Puede parecer grave la conclusión a la que llegamos pero a los hechos nos remitimos. Y como prueba añadida, el cambio de criterio mostrado por la Abogacía del Estado en el juicio del próces retirando la acusación de rebelión contra los líderes indepe a los que juzga el Supremo.

En lo tocante al caso Ence el aparente disparate llega a tal punto que primero se puso en duda que el Gobierno de Rajoy hubiera cumplido con el preceptivo informe de la Abogacía del Estado para la prórroga que dio a la pastera. Qué no, qué sí. Al final sí lo había con fecha de noviembre del 2015. Pero ahora se rebate por el Gobierno de Sánchez blandiendo un nuevo informe de la Abogacía del Estado que se había requerido en 2018 y que cuestiona la legalidad de la prórroga porque colisionaría con la ley de costas.

Llegados a este punto urge decir que la Abogacía General es un órgano de la Administración General del Estado que depende del Ministerio de Justicia y por tanto los funcionarios de carrera que están al frente son nombrados (y destituidos) por el ministro/a de turno. Aunque su papel es ser defensor de los intereses del Estado, en la práctica es un abogado de parte que en este caso actúa según el criterio (político) que le marque el Gobierno correspondiente.

Con elecciones inminentes de por medio, la cuestión estribará en saber qué Gobierno y qué criterio marcarán a la Abogacía del Estado cuando el contencioso judicial sobre la legalidad de la prórroga a Ence se ventile ante la Audiencia Nacional y posiblemente en posterior recurso ante el Tribunal Supremo.

Calles y parqué

Ya asistimos también a una confrontación social con repercusiones. Tanto en las calles como sobre el parqué. Los defensores de la continuidad de la pastera han tomado la delantera, pero no creo que tarden en mover ficha los que desean su cierre. De momento, la plantilla de Ence se ha echado a la calle y meten presión. El viernes fue en la Diputación. Mañana lunes seguramente en el Principal, pues hay pleno municipal. Asimismo han salido desde las empresas auxiliares hasta la mismísima patronal CEOE a advertir de las «gravísimas repercusiones» que, a su juicio, tendría un posible cierre de Ence para Pontevedra y Galicia.

Pero el mayor aldabonazo lo dio la propia empresa al coincidir en esta semana la celebración de la junta general de accionistas. José Ignacio Colmenares, el CEO de la pastera fue fulminante: si les obligan a cerrar no habrá alternativa en Galicia. Y de momento el presupuesto de inversiones que había programado para Lourizán, se desvía para Navia. 250 millones de euros, según dijo.

El órdago del consejero delegado tiene muchos destinatarios: tanto políticos como accionistas. Los primeros serán quienes deberán decidir si persiste el acoso y derribo a la permanencia de la celulosa; los segundos son los receptores de un mensaje que pretende calmar el ruidoso desplome de la cotización bursátil de las acciones de Ence. Ha pasado de ser el valor estrella del IBEX 35 en el arranque del 2019 a convertirse en la empresa más castigada del índice selectivo por la caída continuada del precio de sus acciones. Parece que este segundo objetivo que buscaba Colmenares se habría logrado: Ence concluyó la sesión del viernes con la acción a casi 5 euros (4,96) lo que ataja las pérdidas ocasionadas por la zozobra generada por las últimas noticias y el pánico de los ahorristas que decidieron vender, pues ya se sabe que el capital es miedoso por definición.

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