Los comités de Ence exhiben un informe de la Abogacía del Estado del 2015 favorable a la prórroga

Los trabajadores señalan que este documento desmiente al Gobierno central que les aseguró que no se produjo esa consulta previa cuando se amplió la concesión por 75 años


Pontevedra / La Voz

Los presidentes de los comités de empresa de la fábrica y de las oficinas centrales de Ence comparecieron este miércoles para exponer las contradicciones en las que, desde su punto de vista, incurre el Gobierno central al no defenderse ante la Audiencia Nacional en los contenciosos contra la prórroga de la concesión de la pastera en Lourizán. En la reunión mantenida con el director de gabinete de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ismael Aznar les aseguró que el problema con la fábrica no es ambiental, es decir, no es por cuestiones de contaminación del aire o de la ría, sino de interpretación jurídica de las legalidad. En este sentido, Aznar echó mano del informe jurídico del Abogado del Estado que, en un informe de este año a la aplicación actual de la Ley de Costas, cuestiona la legalidad de la prórroga concedida en el 2016 por el Gobierno de Rajoy a la fábrica pontevedresa, asegurando que se trató de una decisión que no era conforme a la Ley. Aznar abundó en su exposición ante los sindicalistas explicando que el equipo de Rajoy concedió la prórroga sin informe previo de la Abogacía del Estado y que, cuando este se produjo a posteriori fue negativo al criterio aplicado para ampliar la presencia de la pastera en Pontevedra, razón por la que el Gobierno central se allanó ante la Audiencia Nacional. Desde los comités de Ence, se recalcó que se les había ocultado que sí existió informe previo de la Abogacía del Estado, que data del 24 de noviembre del 2015, es decir, claramente anterior al otorgamiento de la prórroga de la concesión, y que este dictamen era favorable a la medida, al asegurar que la ampliación en 75 años propuesta para Ence en Pontevedra era «conforme a derecho», todo lo contrario del informe actual en que se basa el Gobierno de Pedro Sánchez para no defender la prórroga en los tribunales.

Por estas razones, tanto el presidente del comité de la fábrica, Ignacio Acuña, como la presidenta del comité de oficinas centrales, Ana Cedeira, lamentaron que se utilice la factoría como pieza del juego electoral cada cuatro años y reclamaron que se garantice sus puestos de trabajo, incidiendo en que quieren estar en Pontevedra y que no hay ninguna alternativa viable para su traslado, vistas las características ambientales, la necesidad de tener cerca una masa de agua para su trabajo y otra para verter con impacto mínimo, así como buenas vías de comunicación y un puerto. 

Por otra parte, los trabajadores recibieron la comunicación de la Diputación de Pontevedra negándoles la palabra en el pleno de este viernes. Los comités habían solicitado participar en el pleno, para exponer ante los diputados provinciales las consecuencias negativas para el empleo y la economía en general de Galicia que supondría un hipotético cese de la actividad de Ence en Lourizán.

Asimismo, los trabajadores anunciaron que se personarán en los procesos judiciales, como parte afectada legítima, para que acceder a toda la documentación de las causas y poder defenderse.

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