Ence prevé una batalla legal de entre cuatro y seis años sobre su prórroga

La pastera está dispuesta a ir hasta Europa y si pierde reclamar 132 millones al Estado


pontevedra / la voz

Los abogados de Ence responderán esta semana al allanamiento del Estado -la renuncia del Gobierno a defenderse - en los recursos del Concello y Greenpeace contra la prórroga de la concesión. Será la primera pieza de una batalla judicial que se prevé larga. En una conferencia con sus inversores, los representantes de Ence estimaron que los procedimientos judiciales, entre recursos y distintas instancias, podrían dilatarse entre cuatro y seis años. Y la empresa no se conformaría con una decisión negativa a la prórroga en la Audiencia Nacional, en su ruta están el Supremo, el Constitucional y Estrasburgo. Si la decisión final fuese al cierre, entonces se reclamaría al Gobierno 132 millones de euros por las inversiones hechas desde el 2013 hasta ahora.

Los abogados de Ence argumentarán contra las consideraciones de la Abogacía del Estado. Costas desistió de defenderse alegando que la concesión no puede prolongarse más de 75 años, con prórrogas incluidas, mientras que a Ence, que lleva en Lourizán desde 1958, se le dio una ampliación por 60 en el 2013, que la lleva al 2073. La compañía señala que el límite de los 75 años lo fijó la Ley de Patrimonio del 2003, mientras que la Ley de Costas del 2013 autorizó esa ampliación de las prórrogas hasta 60 años. En Ence se insistió a sus inversores que la Ley más reciente tiene primacía sobre la más antigua. En cuanto a la ubicación, también recordarán las evaluaciones anteriores de Madrid, que eran favorables. La Audiencia Nacional tardará de uno a dos meses en responder y si el procedimiento sigue hará sentencia de uno a dos años, mientras que si falla en contra de Ence, entonces esta irá al Supremo.

Los empresarios avisan de un éxodo laboral si hay cierre

La Plataforma en Defensa de la Industria de Pontevedra expuso este lunes su intensa preocupación por el futuro de sus empresas en caso de un cierre de Ence. Los representantes de este colectivo, que agrupa a 18 grandes empresas de la comarca, advirtieron que Ence es su principal cliente -en algunos casos el único en la provincia- y que su clausura implicaría automáticamente el traslado de muchas de estas firmas a otras provincias o comunidades autónomas para poder sobrevivir. Eso supondría que cientos de trabajadores y sus familias se deberían mudar con sus empresas o engrosar las filas del paro.

La inversión de 50 millones de este año sigue en pie y el resto quedará congelado

Las inversiones comprometidas para el 2019, que ascienden a 50 millones de euros en Pontevedra, se mantienen en pie este año. La parada técnica anual está ahí a la vuelta de la esquina, en marzo, y no se consideró necesario frenarla. Permitirá ampliar la capacidad productiva de Lourizán en 20.000 toneladas más y la realización de varios ajustes y mejoras tecnológicas en el recinto. Sin embargo, el resto de las inversiones que figuraban en el plan estratégico de la compañía se han frenado en seco.

Con el futuro de Ence puesto en solfa, la inversión se queda parada. «No vamos a invertir un euro más en Pontevedra hasta tener más claridad y esperamos que en dos años tengamos más claridad», se indicó recientemente a sus inversores.

La situación con el resto de las previsiones es que se queden «congeladas». El radical cambio de criterio del Gobierno en cuanto a Ence en Pontevedra supone un importante y forzoso cambio de los planteamientos de la factoría, que ha encargado una revisión de cómo reorientar la situación y los responsables de la compañía confían que podrán comunicar a sus inversores en un plazo de cuatro semanas.

Desvío inversor a Navia

Ence tiene dos factorías de producción de pasta de papel. La primera es Pontevedra, en los terrenos de la concesión de Costas en Lourizán y que se prorrogó en el 2013. La otra está en terrenos propios y se ubica en Navia, en Asturias. Las dudas sobre el futuro de la planta gallega han provocado que se reevalúe las previsiones de crecimiento para la factoría asturiana. Navia ya se benefició en los últimos años de la larga tramitación de la prórroga de Costas en Lourizán. Ahora vuelve a hacerlo con el allanamiento del Estado en detrimento de Pontevedra.

Desde la compañía y ante las preguntas de los inversores, también se contrastó el apoyo total del Ayuntamiento de Navia frente a la oposición del de Pontevedra. Los responsables de Ence no se atrevieron a aventurar cómo de grande será la ampliación de Navia. Dan por hecho que será cuantiosa, pero todo parece indicar que no llegará a producir el volumen de las dos factorías sumadas en circunstancias normales y contemplado en su plan estratégico.

En un escenario judicial negativo, se valoraría pedir una prórroga al 2033

En la conferencia telemática, los responsables de Ence analizaron también sus posibilidades de futuro, aún con un escenario judicial negativo. La empresa no se plantea el peor escenario, pero tampoco quiere aparecer como indefensa ante sus inversores. Entienden que ningún juez o magistrado se arriesgaría a paralizar la actividad de la fábrica mientras los procedimientos ante la Audiencia Nacional o sus apelaciones a instancias superiores estén abiertos, en base al daño tremendo que se le haría a la empresa si se la cierra ahora y después la sentencia le es favorable. Una vez rematado el periplo judicial y, en el hipotético caso de una decisión contraria a la pastera, Ence, entonces, plantearía una negociación con el Gobierno de España en ese momento concreto para intentar conseguir una prórroga hasta el 2033, en base a la Ley de Patrimonio que ahora utiliza Madrid. Se trataría de que el Gobierno aplicase con hechos la posibilidad de su propio cambio de criterio.

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