El nuevo criterio de Costas sobre Ence es un «atropello jurídico» según la plataforma en Defensa de la Industria de Pontevedra

Los empresarios advierten de que el cierre de la fábrica supondría el traslado de empresas fuera de la provincia y la pérdida de cientos de puestos de trabajo en la ciudad y su entorno


Pontevedra / La Voz

Un «atropello jurídico» y una «decisión absolutamente arbitraria». Así de claros se pronunciaron los empresarios de la Plataforma en Defensa de la Industria de Pontevedra al valorar el cambio de criterio del Gobierno en relación con la prórroga de la concesión de Ence. Madrid decidió no defender la prórroga en los tres contenciosos ante la Audiencia Nacional, cambiando de forma radical su posición anterior. 

El portavoz de esta plataforma, Agustín Nogueira, en una comparecencia junto con la directiva de la plataforma este lunes por la mañana, que la actitud de Costas supone «un atentado contra los puestos de trabajo de Pontevedra y su comarca» y una medida que, de llevarse a cabo el cierre de la factoría, sería un mazazo que aumentaría el abandono del rural al destruir gran parte del sector forestal de Galicia.

Nogueira recordó que en Ence hay una plantilla de 400 trabajadores, con la inmensa mayoría con contratos indefinidos a jornada completa, lo que supone para la ciudad también un importante beneficio porque estos trabajadores viven y gastan en Pontevedra y su entorno. El cierre de la fábrica dañaría al comercio, la hostelería y otros sectores. Además, hay 2.700 puestos de trabajo solo en Pontevedra que dependen de los contratistas que trabajan para Ence, y otros 2.000 empleados en el sector forestal de Galicia que se quedarían sin saber a quién vender su madera. Cada día entran en la fábrica 300 camiones y su desaparición provocaría la destrucción de mucho empleo de autónomos del sector del transporte. Más de doscientos millones de euros en exportaciones desde la fábrica de Lourizán sitúan a Ence como uno de los principales exportadores de Galicia.

El gerente de Metalisec, José Moreno, y presidente de esta plataforma añadió que el cierre de Ence en Lourizán provocaría un éxodo de empresas auxiliares que no seguirían en Pontevedra porque no tendría sentido que su centro de trabajo estuviese aquí cuando no tendrían cerca a nadie para quién trabajar. Se irían a otras provincias de España o incluso al extranjero y eso obligaría a que sus empleados se fuesen con ellos, o que engrosaran las listas del paro. Es un escenario que no desean pero al que se verían abocados si la pastera echa el candado. Solo de Moreno dependen más de cien empleados. «Yo desplazaría la empresa para no tener que pagar dietas, porque aquí no hay más empresas con las que pueda trabajar, ¿para qué iba a tener una delegación aquí?», afirmó.  En este mismo sentido crítico con la decisión del Gobierno se posicionó el representante de Ingeniería y Montajes Rías Bajas. En su plantilla hay 120 personas con puestos de trabajo fijos todo el año y su firma le factura a Lourizán más de seis millones de euros al año. Si la fábrica cierra, también se vería muy afectado.

Para esta plataforma de empresarios pontevedreses, si finalmente se anula la prórroga de la concesión y Ence se tuviese que ir de Lourizán, supondría para Pontevedra un varapalo económico, social y demográfico tan tremendo como si Citroen abajdonase Vigo. La anulación de la prórroga «convertiría a Pontevedra en un desierto industrial», sentenciaron. Por esta razón, piden al Gobierno que no actúe más en clave electoralista y que piense en el interés general de la comarca, reconsiderando su cambio de criterio ante el importante impacto que su actuación ya está teniendo en la estabilidad laboral y las inversiones en la ciudad. La plataforma pedirá entrevistarse con todas las Administraciones implicadas para exponer sus puntos de vista, «si nos reciben», indicó uno de los directivos de este colectivo.

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