Feijoo dice que apoyará a la plantilla y al sector forestal e insta al Gobierno a rectificar
16 mar 2019 . Actualizado a las 05:00 h.La Xunta se reserva un golpe de efecto para la defensa de la continuidad de Ence después de que el Gobierno renunciase a intervenir ante tres recursos que se tramitan ante la Audiencia Nacional contra la prórroga de la concesión en Lourizán. El cambio de criterio de Costas ha sentado muy mal en San Caetano, donde se ha pedido, a través de su titular, Alberto Núñez Feijoo, que Madrid rectifique. Y si no lo hace, entonces la Administración autonómica pondrá sus cartas sobre la mesa. Feijoo está dispuesto a liderar la batalla frente al Gobierno de Pedro Sánchez, aludiendo a que están en juego los 400 puestos de la empresa, cientos de transportistas y miles de propietarios forestales en toda Galicia. Para el Ejecutivo gallego no está solo en juego el futuro de una fábrica en Lourizán, sino la propia supervivencia del sector forestal gallego y no está dispuesto a que este se venga abajo.
El titular autonómico no quiso desvelar su estrategia, pero lanzó un aviso a navegantes. «Antes de que a Xunta exerza as súas competencias, que as temos, nós o que lle pedimos ao Goberno é que replantee esa decisión, que non se deixe levar por persoas e por entidades que non teñen como motivo fundamental o emprego e o benestar das familias galegas». Es más, instó a Madrid a que «abandone os plantexamentos políticos para poñer por riba os intereses xerais e o emprego e os ingresos das familias, e espero que así sexa». Recordó que la decisión de Costas, que no se había comunicado aún este viernes a Santiago, «é unha falla de respecto a unha comunidade autónoma que ten competencias en materias medioambientais».
Ubicación
Núñez Feijoo criticó el cambio de criterio de Costas sobre la prórroga de Ence y lo enmarcó en el contexto electoral. «Non se pode cambiar de criterio por motivos políticos e en época electoral», insistió. «Eu preferiría antes de falar das ferramentas que poida ter a Xunta, que anticipo que as ten, preferiría que non haxa ningún pleito, que o Goberno central sexa responsable».
«Con independencia de que poida haber discrepancias, e me parecen lexítimas, sobre a ubicación de determinadas industrias en Galicia, o que non me parece lexítimo é xogar coas nóminas, co traballo e co futuro das familias». El presidente de la Xunta indicó que este será el objetivo de la actuación de la Administración autonómica, porque «a compañía que se defenda ela, lle corresponde ese papel, a nós o que nos toca é defender aos galegos que viven dos sector forestal».
Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Suárez Costa, manifestó su preocupación por la decisión de Costas. «Estamos hablando de una empresa clave no solo para el puerto sino para la economía del entorno». El puerto movió el año pasado cerca de 400.000 toneladas de pasta de papel, lo que representa el 60 % de la mercancía general convencional, la que no utiliza contenedores.
Marín recibe una media de cien mercantes al año para cargar pasta de papel con destino a varios países de Europa. Ence mueve más de 14.000 camiones anuales en el transporte entre su fábrica y el puerto.
Transición Ecológica detecta «vicios de incorrección legal» en la prórroga
El Ministerio de Transición Ecológica, del que depende Costas, argumentó la legalidad de la medida adoptada al allanarse en el proceso judicial ante la Audiencia Nacional a las pretensiones de los demandantes -Concello de Pontevedra, Greenpeace y APDR-. «Se trata de una decisión jurídico procesal adoptada en todos y cada uno de los procedimientos judiciales en curso». En el caso concreto de Ence, «la Abogacía del Estado considera que la prórroga de la concesión otorgada en el 2016 incurre en distintos vicios de incorrección legal» en base a la legislación de Costas de 1988 y su reforma del 2013, sí como a la legislación de Patrimonio de las Administraciones Públicas. En cuanto a las críticas sobre electoralismo, desde Madrid se sostuvo: «Este ministerio actúa siempre de conformidad con el criterio del servicio jurídico». Añade que el informe de la Abogacía del Estado, que concluyó en su allanamiento, «se trata de un trámite procesal en el desarrollo de unos litigios abiertos cuya decisión corresponde a los órganos judiciales».
Por otra parte, sobre sus consecuencias, desde Transición Ecológica manifestaron que «por parte de este ministerio no supone ni decisión automática ni inminente de ningún tipo». Por último, desde Madrid apuntan que «compete a Ence hacer uso de todos los medios legales que estime oportunos en defensa de sus legítimos derechos e intereses, incluida la defensa de la legalidad de la prórroga en su condición de demandado en estos procesos».