La Xefatura Territorial le impone una sanción de 600 euros por una infracción leve
07 feb 2019 . Actualizado a las 08:00 h.El pasado diciembre la Xefatura Territorial de la Consellería de Sanidade en Pontevedra comunicaba al Concello de Caldas de Reis el inicio de un expediente sancionador por una infracción administrativa de la Lei de Saúde de Galicia. Los hechos se remontan a febrero del 2018, cuando tras una inspección se detectaron irregularidades en las aguas de consumo humano de las escuelas unitarias de Godos, Saiar, Carracedo y San Andrés de César. En concreto, se afirmaba que el agua no estaba clorada y que no se realizaba ninguna analítica del líquido.
Sanidade dio un plazo de tres meses al Concello para adoptar varias medidas correctoras: desinfectar el agua de consumo; un análisis completo en la red de distribución de cada escuela con los parámetros indicados; y un registro diario de la concentración de desinfectante en el agua. En las escuelas de Godos y de Carracedo se debía incluir además «o control das substancias radioactivas radón e actividade alfa e beta total». La consellería relata que en una nueva inspección realizada el 2 de octubre del 2018 se mantenían algunas deficiencias, como que el agua no estaba desinfectada ni se observaba ningún depósito ni sistema de dosificación desinfectante.
Unos días después, el 18 de octubre, la inspectora farmacéutica informa que en las muestras recogidas en Saiar y San Andrés de César «había presenza de coliformes totais» y en la de Carracedo, de «clostridium perfringens», por lo que no es apta para el consumo. En Carracedo hay carteles de agua no potable y el Concello lleva agua embotellada periódicamente, se señala. La Xunta entiende que los hechos pueden ser constitutivos de una infracción leve de la Lei de Saúde de Galicia y fija una multa inicial de 600 euros, a la espera de lo que decida la instructora. La infracción leve conlleva una sanción que puede alcanzar los 3.005 euros.
Tras tener conocimiento de estos hechos, el BNG de Caldas censuró que el equipo de gobierno ponga «en perigo a sáude dos nenos das unitarias ao non tomar as máis mínimas medidas para garantir a salubridade da auga». Su portavoz municipal, Manuel Fariña, aludió a que a pesar de que Sanidade había dado en febrero un plazo de tres meses la situación sigue sin resolverse. «Estes feitos non fan máis que confirmar o absoluto desleixo e falta de liderado dun alcalde que está en clara retirada, e que neste camiño cara a ningunha parte no que ten abandonado ao Concello coloca aos máis débiles e indefensos en serio perigo», señaló.
Por su parte, desde el equipo de gobierno cuestionaron que la competencia sea municipal al no tratarse de una obra de mantenimiento de una instalación educativa. A pesar de eso el alcalde, Juan Manuel Rey (PSOE), afirmó este miércoles que el Concello va a dar solución al problema del agua en las unitarias. «Con cargo al Plan Concellos de la Diputación se van a instalar clorímetros en todas las unitarias», aseguró. El regidor indicó que tanto profesores como padres saben que el Concello está dispuesto a suministrar agua embotellada. El gobierno local desconoce de dónde provienen los coliformes del agua. «No sabemos si procede del propio manantial o de abonos orgánicos», indicó. Rey, que lanzó un mensaje de tranquilidad, avanzó que se van a presentar alegaciones al expediente y confía en que la sanción de 600 euros quede en nada.