La regularización catastral extraordinaria terminó a finales de año en la ciudad
06 feb 2019 . Actualizado a las 08:00 h.En el 2013, el Ministerio de Hacienda empezó a buscar bienes ocultos. Es decir, inmuebles, sea viviendas sea galpones o cualquier otro tipo de construcción, que pasaban desapercibidos para el fisco y, por tanto, no pagaban el IBI. Lo hizo dentro de su plan para luchar contra el fraude y la economía sumergida. En la comarca de Pontevedra esa regularización se hizo ya en el 2014 en municipios como Moraña o Campo Lameiro. Luego, en el 2016 y 2017 fue llegando a otros concellos de la zona. Hasta que, en 2018, Hacienda puso la lupa sobre Pontevedra capital, donde incluso estuvo abierta durante meses una oficina para asesorar a quienes les iban llegando las cartas de las regularizaciones. ¿Qué resultados arrojó todo ese proceso? Las cifras son elocuentes. Solo en el municipio de Pontevedra, donde la regularización acabó el día 31 de diciembre de 2018, se destaparon 6.501 inmuebles que no pagaban el IBI.
Dentro de esa cifra de construcciones destapadas en Pontevedra -pueden ser de todo tipo, desde un galpón a un garaje, nave, cobertizo o almacén hasta una casa-, la inmensa mayoría son de tipología urbana y hay un porcentaje mínimo de bienes rústicos. En la información de Hacienda también se explicita que un 53,4 % de los inmuebles que eludían el pago de impuestos eran construcciones de nuevo cuño. Hay otro 46 % que respondía a rehabilitaciones o reformas realizadas sobre un bien por las que no se estaba pagando la pertinente contribución. Y el trozo más grande del pastel, un total del 55 % de los inmuebles regularizados en Pontevedra, son reformas y cambios de uso que no estaban debidamente declaradas y que tampoco permanecían al corriente con Hacienda.
Notificaciones y tasas
Además de pasar a tributar por todos esos inmuebles que el catastro destapó, los propietarios afectados tuvieron que hacer frente a las llamadas tasas de regularización. El Ministerio de Hacienda cobra 60 euros cada vez que descubre que un bien no está debidamente regulado y se lo notifica a su propietario.