«No creo que supongamos un peligro para la salud pública de nadie»

Los fundadores del club cannábico Casa María estudian un posible recurso frente a la condena por cultivar marihuana


Pontevedra / La voz

Muy crítico con la sentencia que le impuso, junto a su amigo Luis Alfonso Fontán Lage, tres meses de prisión como fundadores del club cannábico pontevedrés Casa María, Francisco Javier Puig Otero remarcó ayer que «es una condena mínima, pero condena a fin de cuentas».

En un momento en el que incluso el líder de Podemos, Pablo Iglesias, apuesta por dar los pasos para legalizar el cannabis en España, la Audiencia Provincial ha dictado un fallo que, a grandes rasgos, coincide con los planteamientos de la Fiscalía de Pontevedra y se encuadra en la jurisprudencia más reciente del Supremo. Pese a ello, Puig Otero insiste en que, con respecto a la resolución que le condeno, «no la compartimos. La respetamos porque los magistrados habrán hecho su trabajo, pero no estamos en absoluto de acuerdo. No creo que supongamos, tal y como se expone en el razonamiento jurídico, un peligro para la salud pública de nadie».

Y es que, contrariamente a lo que transmite la sentencia, «nuestra actividad no trasciende de nuestro círculo». A este respecto, uno de los fundadores de Casa Marín reprochó que en casos como el suyo «la carga de la prueba se invierte. No tienen que demostrar ellos que somos un peligro, tenemos que demostrar nosotros que no lo somos y no hay manera de hacer eso, no hay manera de demostrar que nuestro cannabis no acaba en manos de terceras personas. Lo lógico sería que ellos tuvieran que demostrar este extremo».

En todo caso, destacó que el fallo judicial ha puesto de manifiesto que los miembros de este colectivo «somos un grupo de usuarios de cannabis adultos, responsables, cada uno con su vida, su familia, sus trabajos... Lo que hasta el tribunal ha considerado legítimo es que nos ocupemos, cultivemos y distribuyamos ese cannabis entre nosotros. Lo que no consienten es que consumamos en la intimidad de nuestros hogares. Nos obligan a una vigilancia continua. Tenemos que fumarlo en presencia del resto de los socios (...). Como adultos que somos no nos permiten que cada uno se lleve un canuto a casa».

De igual modo, criticó la forma en la que se tramitó el procedimiento, circunstancia que considera que cercenó sus posibilidades de defensa en cuanto a la interposición del correspondiente recurso. El hecho de que hubiera sido enjuiciado este caso por la Audiencia en lugar de un juzgado de lo Penal, los aboca a acudir en casación directamente ante el Supremo -en el caso contrario, tendrían que ser los magistrados provinciales los que resolvieran la correspondiente apelación-. «Esto nos cuesta un dineral que no sabemos si tenemos», precisó Puig Otero, quien, en todo caso, precisó que mantendrán esta semana unas reuniones para valorar la posibilidad de recurrir ante el alto tribunal.

Esta circunstancia fue consecuencia de la imputación de un delito de asociación ilícita, cargo que posteriormente durante la vista oral fue retirado por el ministerio fiscal. «En ningún momento tuvo fundamento», lamentó al respecto.

Por otro lado, si en su escrito de acusación inicial, el fiscal instaba al cese de actividad de Casa María, finalmente esta medida no fue acordada por la Audiencia.

El fiscal instruye un segundo proceso contra el club pontevedrés

Cuando aún no se había conocido el fallo de la Audiencia, la Policía Nacional y la Fiscalía Antidroga culminaron una nueva investigación iniciada el pasado mes de enero contra dos clubes cannábicos de Pontevedra, uno de los cuales era Casa María. De hecho, la sentencia contra los dos fundadores de este colectivo podría ser una suerte de hoja de ruta a la hora de tramitar este segundo proceso.

A este respecto, Francisco Javier Puig lamentó que no se hubiera esperado a la publicación de la sentencia para llevar a cabo los registros, al tiempo que incidió en que «se está parando un día sí, otro también a socios por la calle. Creo que es un posicionamiento moral».

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