Los desahucios registraron en el 2017 su año más negro del lustro

Cada día se practicaron en la provincia de Pontevedra tres lanzamientos por impagos


Pontevedra / la voz

Los brotes verdes siguen sin aparecer en la provincia de Pontevedra, donde los desahucios siguen a la orden del día. De hecho, ante una pregunta parlamentaria de los diputados socialistas María del Mar Rominguera Salazar, Juan Carlos Campo Moreno y Miguel Ángel Heredia Díaz, el Gobierno confirmó recientemente que, a lo largo del pasado año, se contabilizó una media de tres desahucios diarios en las Rías Baixas.

De este modo, los 1.083 lanzamientos practicados convirtieron al 2017 en el año más negro del último lustro y, probablemente, en uno de los más problemáticos desde que comenzó la crisis económica. Así, mientras en el 2013 y 2014 se registraron 890 y 1.059 desahucios, respectivamente, en los dos años siguientes fueron 1.072 y 1.061 los contabilizados por las distintas Administraciones.

Además, no deja de ser significativo que Pontevedra, junto con A Coruña, sean las provincias donde este tipo de actuaciones se han incrementado -en las Rías Altas los lanzamientos se incrementaron en 169 intervenciones, un 16 % más que en el 2016-. Por su parte, en Ourense y Lugo los números facilitados por el Gobierno indican una tendencia a la baja que, no obstante, tendría que confirmarse en este ejercicio para poder hablar de una cierta consolidación.

Desde la Administración, a este respecto, precisaron que se han incluido los lanzamientos que se acordaron en fase de ejecución, pero también aquellos supuestos en los que se trate de entregas de posesión o aquellas «resoluciones que supongan la entrega mediata por entrega voluntaria del bien, sea esta a la parte directamente o en el órgano judicial».

Las causas judiciales caen

Curiosamente, y en el marco de los procedimientos judiciales abiertos en la provincia, los procedimientos tramitados en los juzgados de Primera Instancia para exigir el pago de las deudas por hipoteca se han comportado de forma totalmente opuesta a los desahucios. Esto es, han registrado la cifra más baja de los últimos años situándose en guarismos próximos a los que se contabilizaban en los primeros compases de la crisis económica.

«Esto podría ser un indicativo de una cierta recuperación, aunque el incremento de los lanzamientos hipotecarios podría continuar incrementándose en los próximos años debido a que aún numerosos procedimientos pendientes de resolución definitiva, ya sea en primera o en segunda instancia», precisó un abogado especialista en este tipo de procesos. «En todo caso, no se pude hablar de una recuperación económica plena. Por un lado, aún hay muchos estratos sociales en los que no se vislumbran ni de lejos brotes verdes, mientras que en otros no se prevé que se alcancen niveles económicos precrisis hasta dentro de algunos años», añadió en este sentido.

En lo que a procedimientos judiciales se trata, Pontevedra sumó en el 2017 un total de 679, una cifra inferior a los 930 del 2016 o los 1.025 del 2015, pero aún superior a los 523 del 2011.

En el resto de Galicia, solo Lugo no ha experimentado un descenso de las causas judiciales, si bien el aumento es prácticamente inexistente -dos procesos más en el pasado año frente al anterior, cuando se alcanzaron los 184 expedientes-. Por su parte, en A Coruña, el 2017 se cerró con 625 ejecuciones hipotecarias resueltas, 61 menos que doce meses antes, y en Ourense, el descenso fue mínimo: 93 en el 2017, dos más en el 2016.

Las propuestas de los colectivos antidesahucio serán debatidas por el Congreso

A través de las redes sociales, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Pontevedra se congratuló ayer de que, «graczas a la presión social», la Ley de Vivienda que impulsa este colectivo será debatida en el pleno del Congreso de los Diputados. «Un paso de gigante para hacer realidad el derecho a la vivienda en España», reseñaron al respecto los impulsores de esta Iniciativa Legislativa Popular que cuenta con 1,5 millones de firmas.

Desde la PAH a nivel nacional añadieron que «han pasado nueve meses desde que fue registrada el 13 de enero, avalada por los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, ERC, EH-Bildu y Compromís. Después de haber sido vetada por el anterior gobierno del PP, la ley volvió a la carga tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el veto a la LOMCE; y no habiendo sido vetada por el Gobierno actual, el grupo parlamentario de Unidos Podemos (Podemos, En ComúPodem, IU, En Marea y Equo) la llevará al pleno del 18 de septiembre.

Cinco son las propuestas sobre las que se articula esta ILP. La dación en pago retroactiva con la inembargabilidad de la vivienda habitual de avalistas y la eliminación de cláusulas abusivas; el fomento de alquileres asequibles y estables en un marco regulado de precios que se corresponda a los ingresos de la población; moratoria sobre desahucios de primera y única vivienda; la movilización de vivienda vacía mediante la cesión obligatoria y el incremento del parque público; y garantizar que no se corten los suministros básicos de agua, luz y gas sin antes tener información sobre la situación de las personas afectadas.

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