Un huido internacional de la Justicia, en un juicio por estafa

Alfredo López Penide
López Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

18 jul 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

Jan Khan Nadir. Este es el nombre de uno de los sospechosos de lo que muchos consideran es el mayor fraude de la historia de España en el ámbito de los hidrocarburos, un nombre que ayer sobrevoló la última sesión del juicio que se seguía en la Audiencia de Pontevedra por una supuesta estafa en las obras de remodelación de cinco gasolineras de una empresa la ciudad del Lérez.

Fue el abogado de Óscar Trujillo el que lo sacó a relucir para asegurar que el «propietario real» de esta compañía es, en realidad, este individuo pakistaní sobre el que pesa una orden de búsqueda y captura a nivel internacional. El letrado no dudo en señalar que, de este modo, la persona que figuraría como administrador único de la sociedad pontevedresa y la que interpuso la denuncia que dio pie a este procedimiento judicial, no sería más que «un hombre de paja».

De igual modo, insistió en que las facturas que se presentaron a modo de prueba no tendrían otro fin que contribuir a la descapitalización de la firma, así como puso en duda de que la realidad de los trabajos realizados en las cinco estaciones de servicio: «Son obras que jamás se iniciaron y nunca se realizaron», aseveró.

Por su parte, el letrado de Jesús Lamazares insistió en que si su cliente estaba en el banquillo fue simplemente por poseer una compañía en cuya venta intervino Óscar Trujillo como intermediario. En este punto, recalcó que no existen pruebas incriminatorias, que esta causa «como mucho» se tendría que dilucidar en la jurisdicción civil e insistió a los magistrados en que si tienen dudas «están obligados a dictar una sentencia absolutoria».

Por su parte, la acusación particular que ejercer el abogado Jorge Paladino mantuvo la petición de seis años de cárcel en el caso de Óscar Trujillo, pena que rebajó a la mitad en el supuesto del segundo acusado. Por su parte, el fiscal, presumiblemente, sostuvo su solicitud inicial de cinco años de cárcel y el pago de 646.004 euros de indemnización.