El policía acusado de distribuir cocaína en clubes de alterne rechaza un acuerdo con el fiscal

Otros trece acusados asumen penas de menor entidad tras un proceso judicial que se ha extendido durante doce años


Pontevedra / La voz

Doce años. Este es el tiempo que la Justicia ha tardado en sentar en el banquillo a los catorce acusados de integrar media docena de grupos de camellos que operaban en la provincia -dos en Pontevedra, otros tantos en O Grove, uno en Ribadumia y Meis, y el último en Porriño- y que no tenían relación entre sí. Ayer, trece de los acusados aceptaron penas de menor entidad, mientras que un policía nacional ya retirado, Lucas Rodríguez Pazos, rechazó cualquier posible acuerdo con la Fiscalía.

En el escrito de acusación se sostiene que «simultaneaba su actividad profesional» con «su dedicación a distribuir cocaína a pequeña escala entre los regentes de los clubes de alterne de Pontevedra y entre las prostitutas que en ellos trabajaban».

Si por este delito se solicitan dos años y nueve meses, y el pago de 21.000 euros, por el de revelación de información reservada se pide el pago de poco más de cinco mil euros, así como año y medio de inhabilitación para el empleo que desempeñaba como policía nacional. En este caso, se mantiene que «avisó de una redada que se pensaba efectuar en el club Cachas Locas a su gerente» para que «las prostitutas extranjeras ilegales que trabajaban allí pudieran irse antes de ser detenidas».

La negativa de Lucas Rodríguez a un acuerdo determinó que la Audiencia anunciase que, posiblemente ya en otoño, celebrará una vista oral en la que solo comparecerá este último.

Se da la circunstancia de que los otros tres integrantes del grupo del que formaría parte este agente, Benito Lemos Pérez, Shirley Fimella Ángel Taylor y Santiago Figueira Castro, aceptaron penas entre los cuatro meses y quince días y el año de cárcel. El otro punto negro desmantelado en Pontevedra lo integraba Ramiro Castiñeira Martínez (un año y seis meses).

Por su parte, los tres miembros del grupo de O Grove -Mauricio Moldes Otero, José Miguel Míguez Mascato y Carlos Javier Allo- fueron condenados a nueve meses, pena que se redujo a una tercera parte en el caso de los integrantes de la otra trama de esta localidad. Un año y seis meses recayó sobre José Antonio Barcala Doval, del grupo de Ribadumia, y nueve meses se impusieron a Baldomero Fernández Castiñeira, Juan Carlos Tielas Vázquez -deberá afrontar una multa de 120 euros por resistencia- y José Luis Fernández Urceira, Troya, a quien le cayeron otros nueve meses por tenencia de armas prohibidas. Este vecino de Porriño fue condenado en el 2015 a diez años por intentar asesinar a un amigo de tres disparos.

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