La Justicia condena a una familia por vender hachís, exclusivamente, a adolescentes de la ciudad del Lérez
04 jun 2018 . Actualizado a las 08:19 h.Sus clientes, menores de edad, lo conocían como el telecosto, una vivienda de la céntrica calle de Rosalía de Castro desde la que una familia se dedicaba a facilitarles hachís. Al frente del negocio, una pontevedresa de 51 años, mientras que en un escalón inferior se situaría sus hijos, uno de 20 y otra menor de edad en el momento en el que se produjo la operación policial, así como el novio de esta última.
A finales de enero del 2015, y tras unas primeras investigaciones llevadas a cabo por la Policía Local de Pontevedra, agentes de la Comisaría desmantelaron este punto de venta de hachís. Habían constatado entonces que la hija de la principal sospechosa, que por entonces tenía 15 años, era el gancho para atraer a los compradores hasta la vivienda.
Una vez concertada una cita, los menores se dirigían hasta el edificio donde la familia residía en régimen de alquiler. «Tras llamar por teléfono a los moradores, estos materializaban la transacción de estupefacientes en el portal o en el propio piso», precisaron en su día desde la Policía Nacional.
El continuo trasiego de clientes alarmó a los vecinos, los cuales trasladaron sus sospechas a la Jefatura. Agentes municipales establecieron entonces una vigilancia del inmueble que posibilitó la intervención de tres ventas de pequeñas cantidades de hachís.
Esta información fue transmitida al Grupo de Tráfico Medio de la Comisaría Provincial, cuyos policías confirmaron esta realidad y realizaron los arrestos. En un primer momento, cayeron la pontevedresa, su hija y el novio de esta última, mientras que cuarenta y ocho horas más tarde era arrestado el hijo mayor, que se encontraba cumpliendo una pena de internamiento en un centro de menores por lo que solo residía en el domicilio familiar los fines semana.
Penas impuestas
Este hecho fue crucial, ya que la dirección confirmó tal extremo y la Audiencia de Pontevedra rebajó la pena inicialmente impuesta de tres años y un día de prisión a la de un año y seis meses. Y es que, si el juzgado de lo Penal entendió que tuvo una participación activa en las venta de hachís, los magistrados de la Audiencia consideraron que, a la vista del informe remitido por el centro, solo podía vinculársele con una de las transacciones acreditadas.
A esto se suma la escasa cantidad de droga vendida, por lo que decidieron, reconociendo la gravedad que supone facilitar estupefacientes a menores, «que determina a aplicación xa dunha pena máis grave», aplicarle el subtipo atenuado. De igual modo, no obvian «a pouca idade do condenado, que fixo os 18 anos pouco antes do momento dos feitos, así como tampouco o círculo social onde se desenvolvía, en que a súa propia nai e irmá realizaban eses actos de venda. Dende logo, cando a acción de reeducación se produce con ese ambiente familiar é difícil o xuízo de culpabilidade individual de quen actúa como se vén facendo na súa casa».
En cuanto a su madre, esta ha sido condenada a tres años y un día, toda vez que de nada le sirvió alegar que las cantidades de hachís intervenidas en su casa eran pequeñas -«que a cantidade (...) non sexa alta neste caso non evita ter que valorar que se ten por probado que houbo sucesivos e reiterados actos de venda na vivenda»- o una supuesta atenuante de reparación del daño. A este respecto, la Audiencia es contundente: «Unha pretendida colaboración coa investigación tampouco ampararía esa petición se temos en conta que a orde xudicial de rexistro aparecía como altamente probábel cando optou por consentir voluntariamente e que non recoñeceu, en ningún caso, os feitos. Por outro lado, o pagamento de parte da multa non é unha forma de reparación do dano, senón de cumprimento de pena».
Cuidadora de ancianos
Tampoco le atenuó la condena el argumento de que es cuidadora de ancianos en Montecelo y que presta apoyo a personas con problemas de exclusión social.
Su hija y el novio de esta fueron condenados por el Juzgado de Menores de Pontevedra a una pena no concretada -las fuentes consultadas apelaron a la confidencialidad de esta información atendiendo a su edad- por un delito contra la salud pública..