La Diputación insta a Montoro a que elimine la tasa de la revisión catastral

Font acusa al PP de alentar la confusión de que el ORAL está detrás del catastrazo

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Pontevedra / La voz

Evidentemente molesto, el diputado socialista Carlos López Font tachó ayer de «escándalo» la tasa de sesenta euros que está cobrando el ministerio de Hacienda por la revisión catastral, al tiempo que cargó contra los dirigentes populares por no defender «aos seus veciños do afán recadador do goberno de Mariano Rajoy». De hecho, Font sostuvo que los populares, para evitar tener que dar la cara con sus vecinos y no enfrentarse al ministro Montoro, estarían confundiendo a la ciudadanía manifestando que es el servicio de recaudación de la Diputación, el ORAL, el que decide los incrementos del IBI o fija el pago de la tasa catastral.

Es por ello que desde la Diputación de Pontevedra instaron al titular de la cartera de Hacienda a que elimine esta última porque «está a esquilmar aos cidadáns e, ademais, consideramos que a revisión do IBI tiña quer ser realizada polos propios medios do Ministerio de Facenda». De este modo se reprocha que la Administración central haya optado por contratar empresas privadas para realizar tales revisiones, por lo que la tasa no tendría más fin que abonar a estas firmas las labores realizadas: «Estamos falando dunha taxa do Ministerio de Facenda que trata de compensar ao propio ministerio polo traballo de revisión que está a facer».

López Font estimó en 108 millones el dinero recaudado por las arcas estatales por esta medida, mientras que el catastrazo habría hecho aflorar una serie de inmuebles en toda España que generaron un incremento de unos 1.254 millones de euros en la recaudación del IBI.

«Entendemos que o custo da revisión podía ser asumido na súa totalidade polo propio ministerio sen aplicar a taxa dos sesenta euros», dijo a la vista de los números. En este punto, López Font tiene claro que el catastrazo no es más que una decisión política encaminada a aligerar las aportaciones del Gobierno a las distintas Administraciones locales.

El diputado provincial insistió en que la confusión e inquietud son palpables entre muchos pontevedreses que creen que abonando estos sesenta euros ya está resuelta la cuestión de la revisión catastral cuando, en realidad, no deja de ser más que una tasa que ingresa Hacienda por gastos derivados de las fotografías aéreas o las inspecciones realizadas in situ por los técnicos contratados. Con posterioridad, estas mismas personas se encuentran con el correspondiente recibo con el incremento del IBI, de tal modo que el ORAL limita sus participación al papel de «recadador (...). Só se dedica a tramitar o que cada Concello remite aos seus veciños».

De este modo, la Diputación actuaría como intermediadora de aquellos concellos de Pontevedra que tienen delegado este servicio a la hora de recaudar un concepto que le viene «absolutamente imposto» desde Madrid. En este marco, Font sostuvo que desde el PP se está «a alentar a confusión de que a propia Deputación a través do ORAL é a responsable do cobro da taxa e do incremento do IBI nalgunhas localidades» da provincia.

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