Pontevedra liberó 4,7 millones en siete días para «sortear» la Ley de Contratos
PONTEVEDRA
Del 1 al 7 de marzo se celebraron tres juntas de gobierno, dos de ellas extraordinarias
11 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El gobierno local de Pontevedra vivió una semana frenética entre el 1 y el 7 de marzo. Teniendo en cuenta que entre ambas fechas hubo un fin de semana, solo quedaron cinco hábiles en los que los celebraron hasta tres junta de gobierno, dos extraordinarias. El objetivo era sacar adelante proyectos antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos. En total, en esas tres sesiones de la junta de gobierno se licitaron, se aprobaron expedientes de contratación o se autorizaron prórrogas por algo más de 4,7 millones de euros. En definitiva, se liberó el gasto de ese dinero antes de entrar en vigor la nueva normativa.
La fecha marcada en rojo era el 9 de marzo, ya que la ley se aprobó el 9 de noviembre y se dio una moratoria de cuatro meses. Por ello en los últimos meses los servicios municipales trabajaron arreo para sacar adelante los expedientes pendientes, con el fin de que no hubiera que empezar de cero después del 9 de marzo. Aquellos expedientes aprobados o autorizados con anterioridad a esa fecha se rigen por la normativa anterior.
Entre los proyectos que se licitaron estos días figura el pliego para la concesión de las piscinas de Campolongo (el Concello aportará hasta un millón de euros a las obras). Además, se aprobaron, entre otros, los expedientes de contratación de los nuevos campos de fútbol de hierba sintética de Ponte Sampaio (1,4 millones) y Campañó (999.000 euros), el nuevo parque infantil de Campolongo (300.000), la renovación del alumbrado público en Bora (210.000), la rehabilitación de A Xunqueira da Gándara (195.000) o el contrato marco para habilitar las bases para centros de compostaje comunitario (178.000).
También se dio luz verde a otros contratos, como la prórroga del contrato de atención a la infancia (100.000 euros), contratación de los cuadros eléctricos para las atracciones feriales (124.000) o la asistencia técnica para los proyectos con fondos DUSI (103.000 euros).
La Diputación impulsa medidas para ayudar a los Concellos con la nueva normativa
Ante la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, la Diputación de Pontevedra anunció la puesta en marcha de una serie de medidas encaminadas a «poñer a disposición dos concellos da provincia os recursos necesarios para que poidan cumprir coa lexislación». La presidenta del organismo provincial, Carmela Silva, reprochó que «novamente o Goberno pon en marcha unha lei sen dotar de recursos aos organismos locais e ademais dando moi pouco prazo». De ahí, apuntó, que sea la Diputación la que se disponga a asumir el rol de ayudar a los gobierno locales a afrontar los cambios normativos.
Con el objetivo de asumir con la mayor rapidez posible la adaptación a la nueva ley, como medida más inmediata la Diputación pondrá a disposición de los concellos «unhas plantillas cos modelos máis típicos de contratos para que podan usarse polos técnicos municipais». Al mismo tiempo se facilitará el contacto directo entre estos y los técnicos del organismo provincial «para solventar dúbidas». Silva subrayó que en los últimos meses alrededor de un centenar de funcionarios provinciales han recibido formación específica para afrontar la nueva ley.
Además, se prevé la organización, a mediados del mes de abril, de una jornada formativa dirigida a técnicos y responsables municipales, y se convocarán talleres específicos «a fin de coñecer certos aspectos dos novos modelos de contratos dun xeito máis directo».
Limitación de contratos menores y de los negociados sin publicidad
La nueva legislación estatal en materia de contratos del sector público supone un cambio en la tramitación encaminado a reducir las cargas administrativas y agilizar los procedimientos de contratación pública. En general, se reducen los plazos y se impulsa la utilización de medios electrónicos, informáticos y tecnológicos.
La nueva ley limita, entre otras cuestiones, los contratos menores, que pasan de 50.000 a 40.000 euros en el caso de obras, mientras para contratar servicios la cuantía máxima se baja a 15.000. Además, se suprime el procedimiento «negociado sin publicidad», por el que la Administración podía invitar a varias empresas a presentar ofertas para un contrato determinado.
Asimismo, en la nueva normativa también se penaliza las ofertas anormalmente bajas, establece medidas para mejorar la relación calidad-precio en los contratos y la transparencia en los procedimientos, y se obliga a las Administraciones a «trocear» los grandes contratos.