Tras una semana de paro, este sigue siendo secundado por más del 90 % del funcionariado y se suspendieron más de 600 actos procesales
14 feb 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Coincidiendo con el día de San Valentín, la huelga en la Administración de Xustiza cumple su primera semana y lo hace con un distanciamiento más que evidente entre la Xunta y los funcionarios judiciales. Estos ayer, en una asamblea celebrada en el edificio judicial de A Parda, volvieron a apoyar sin paliativos a sus representantes sindicales en una negociación que se antoja compleja.
Las posiciones están enfrentadas, pero no solo en lo que a cuestiones salariales se refiere, sino también en lo relativo a las incapacidades temporales. «É o principal escollo a parte do económico», reconoció José Nilo Fernández, de SPJ-USO, quien explicó que se les está descontando el 50 % de su nómina en los cuatro primeros días de baja no quirúrgica, porcentaje que cae hasta el 25 % los restantes días hasta la vigésima jornada.
En este punto, incidió en que se le pidió a la Administración autonómica un compromiso de que si en marzo el Ministerio de Hacienda no soluciona esta cuestión a nivel nacional se equipare a los empleados públicos de Xustiza con sus homólogos de otros territorios. «Non o aceptaron».
De igual modo, que tampoco hay un acuerdo con respecto a la equiparación salarial. Nilo Fernández advirtió que las cantidades que ofrece la Xunta siempre son totales de carácter anual «e pensando no 2021», de tal modo que «para o 2018 nos están ofrecendo cero euros».
En este punto, rechazó que la propuesta defendida por los trabajadores vaya a implicar, en el mejor de los casos, beneficiarse de una subida por encima de sus compañeros madrileños. De este modo, precisó que los pontevedreses están cobrando un complemento autonómico transitorio (CAT) de 435 euros, cantidad a la que se suman 8,6 euros de productividad, mientras que los destinados en la capital de España perciben 78 euros de productividad y 684,8 de CAT. Precisan que reclaman un incremento de 225 euros, con lo que en el 2020 percibirían 660 euros, mientras que el acuerdo suscrito meses atrás por los empleados públicos madrileños elevaría su complemento hasta los ochocientos euros.
Y mientras las posturas de unos y otros parecen discurrir por líneas paralelas, lo cierto es que los juzgados pontevedreses funcionan al ralentí. Se estima que son ya más de seiscientos los actos procesales que han tenido que ser suspendidos o aplazados en la ciudad del Lérez por causa del paro indefinido, toda vez que desde las centrales se calcula que el seguimiento sigue superando el 90 %.
Todos coinciden en que se están respetando escrupulosamente los servicios mínimos, una circunstancia que, en cuanto a juicios, se traduce en la celebración de aquellas vistas orales consideradas como urgentes -en esta categoría se encuadran, por ejemplo, las causas de violencia sobre la mujer o las que implican a menores de edad- o con personas privadas de libertad.