Dos guardias civiles niegan en Pontevedra haber filtrado informaciones a narcotraficantes
PONTEVEDRA
El fiscal solicita trece años y medio para los agentes, pena que rebaja hasta los siete en el caso de un tercer encausado
23 ene 2018 . Actualizado a las 20:34 h.Dos guardias civiles acusados de filtrar datos y documentos relativos, muchos de ellos, a investigaciones contra el narcotráfico negaron en la Audiencia de Pontevedra estas imputaciones. En el banquillo les acompaña un tercer encausado, ajeno al instituto armado, que aún no ha prestado declaración.
El fiscal solicita trece años y medio de cárcel para cada uno de los agentes, así como siete años para un tercer procesado que, sin estar vinculado profesionalmente con el instituto armado, se estima que es una «persona vinculada policialmente con el narcotráfico». De este modo, mantiene que los tres sospechosos frustraron varias operaciones antidroga en Pontevedra.
En este sentido, se insiste en que constituían «un grupo criminal que tenía por finalidad la obtención de información secreta y datos personales que obraban en poder de la Guardia Civil para el desarrollo de investigaciones policiales, fundamentalmente, en materia de narcotráfico, y su posterior revelación y difusión a terceras personas, fundamentalmente, los afectados por tales investigaciones». La acusación circunscribe el periodo en el que este supuesto entramado estuvo activo a los meses comprendidos entre febrero y finales de julio del 2013, momento en el que se sucedieron los arrestos.
Asimismo, desgrana los roles que cada imputado adoptaría en el seno de este presunto grupo criminal, de tal modo que Javier L. S., destinado al Equipo contra el Crimen Organizado (ECO), supuestamente, se apoderó de «información sensible o datos reservados de carácter personal que obraban en los archivos y sistemas informáticos utilizados» por su unidad. Reseña que, debido a su puesto de trabajo, tenía a su alcance datos de operaciones policiales, así como informaciones de «carácter personal a las que no estaba autorizado a acceder».
En el caso de Diego F. C., por entonces, integrante del Equipo de Drogas y Crimen Organizado de Pontevedra, «se encargaba de difundir, tanto la información y datos personales por él sustraídos, como los datos obtenidos y sustraídos por Javier L. S. entre personas ajenas a la Guardia Civil». El fiscal mantiene la tesis que tal difusión la hacía directamente a los interesados o a través del tercer acusado, Juan Carlos S. N.
La Fiscalía de Pontevedra, en todo caso, tiene claro que algunas investigaciones que resultaron comprometidas por culpa de los acusados. Entre ellas, la centrada en una red que «llegó a gestionar varios envíos de cocaína a través de puertos españoles que alcanzaron la cantidad aproximada de mil kilos».