Pontevedra carece de centros para niños víctimas de trata de seres humanos

Periódicamente, la Policía Nacional y la Guardia Civil realizan operaciones en la provincia contra las redes de tráfico de seres humanos asentadas en Pontevedra. Uno de los problemas con los que se pueden encontrar los agentes en el supuesto de localizar alguna víctima extranjera menor de edad es el hecho de que ni la ciudad del Lérez, ni ninguna otra localidad de las Rías Baixas dispone de «un centro adecuado a este tipo de víctimas» donde ingresarlas.

De hecho, desde la Fiscalía Provincial reconocen que la única alternativa de un internamiento de urgencia son las instalaciones que gestiona en Vigo la oenegé Faraxa, si bien aclaran que están destinadas inicialmente «para mayores», o las que tiene Cáritas en Ourense. Añaden que, en el supuesto de que el niño sea oriundo de algún estado de la Unión Europea se ha establecido un protocolo que implica el contactar, «a la mayor prontitud con la representación diplomática o consular del país en cuestión, informando sobre el presunto menor».

En ocasiones, y es algo que ya se ha dado en distintos momentos en la comarca de Pontevedra, el problema surge a la hora de confirmar la veracidad o no de quien dice no haber cumplido aún los 18 años. La determinación de la edad debe hacerse con «la mayor prontitud -recoge un informe elaborado por el ministerio público incluido en su última memoria anual-, no solo para evitar que el menor esté desprotegido, sino para impedir que un mayor de edad sea ingresado en un centro de protección, con el riesgo que esto puede entrañar para los menores allí ingresados».

En estos supuestos, y con la excepción de los niños y adolescentes víctimas de redes de trata de seres humanos, los menores extranjeros no acompañados suelen ser trasladados al Príncipe Felipe.

Radiografía dental y de muñeca

En aquellos casos en los que persista una duda sobre la edad real del extranjero está prevista la aplicación de un protocolo de ámbito nacional que implica la realización de una serie de pruebas médicas a las que el afectado debe dar su consentimiento expreso e informado y la Fiscalía debe autorizar. Las mismas serán realizadas por el médico forense en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra (Chop) y consistirán, primordialmente, en un examen físico, óseo y dental del supuesto menor.

De hecho, como mínimo, se le realizará una radiografía de la muñeca izquierda, así como otra de la clavícula, y una ortopantomografía de la dentición, en particular, del tercer molar.

Pero, ¿qué ocurre si el afectado se niega a someterse al examen médico? Desde el ministerio público pontevedrés se alude a que, en estos supuestos, se debe realizar una comparecencia en la que se tomará declaración al presunto menor acompañado de un abogado. Entre otros pormenores, se le informará de que las pruebas médicas son indoloras y las lleva a cabo un profesional, al tiempo que se le preguntará por sus circunstancias personales y cómo ha llegado a Galicia.

En caso de que persista en su negativa, «puede afirmarse que su oposición (...) es injustificada y considerarse como mayor de edad a los efectos de la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España». En todo caso, desde la Fiscalía de Pontevedra insisten en que, si todos los datos que se recabe apuntan a un minoría de edad, se establecerá así a pesar del rechazo del adolescente a la realización de las pruebas médicas.

Y es que en el seno del ministerio público capitalino son conscientes de que este rechazo puede estar condicionado por un temor arraigado en estas personas desde sus países de origen.

Mención aparte son aquellos que, tras cometer un delito, aseguran que no han cumplido aún los 18 años para beneficiarse de la legislación. En los últimos años, la Fiscalía solo ha tenido constancia de un único caso, el de que un joven que estaba indocumentado afirmó que tenía 17 años, ingresó en el Príncipe Felipe, donde en el tiempo que se realizaban las pruebas médicas para determinar su edad cometió un delito por el que fue detenido.

Finalmente, el forense concluyó que era adulto, circunstancia que corroboró un decreto en el mismo sentido de la Fiscalía de Menores de Barcelona. Sin embargo, y a pesar de estos dos informes médicos, el juicio no se celebró debido a que el tribunal ofició una comisión rogatoria a Marruecos para corroborar o no la veracidad de un certificado de nacimiento aportado por su abogado.

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