Una conductora sin carné distribuía los churros elaborados entre heces

Intentó hacer pasar como suyo el permiso de conducir de su hermana

Así estaba el obrador de churros clausurado en Pontevedra La Guardi Civil ha clausurado el recinto por «graves deficiencias higiénico-sanitarias»

Pontevedra / La voz

La investigación abierta hace ahora dos años por la Guardia Civil de Pontevedra que permitió desmantelar un obrador clandestino donde se elaboraban churros entre heces de ratones acaba de dar una nueva vuelta de tuerca. De este modo, la Audiencia Provincial acaba de confirmar las penas impuestas a una de las hermanas identificadas en el marco de la operación Churro y que se encargaba de transportar esta mercancía en coche hasta los distintos establecimientos pese a que nunca se sacó el carné de conducir.

De este modo, se le han impuesto 31 días de trabajo en beneficio de la comunidad por un delito contra la seguridad vial en su modalidad de conducción sin permiso, pena a la que se suma otra de seis meses de cárcel y multa de 1.080 euros por un segundo cargo de uso de documento falso. Y es que en el instante en el que los agentes de la Guardia Civil le requirieron que se identificara, esta intentó suplantar a su hermana, que es propietaria del Seat Ibiza a cuyo volante fue interceptada, entregándoles su carné de conducir.

De este modo, se considera acreditado que los agentes del Seprona, a primera hora de la mañana del 9 de diciembre del 2015, realizaron un seguimiento de la pontevedresa desde que abandonó el obrador clandestino, ubicado a escasos metros de la autopista AP-9, hasta un conocido establecimiento del casco histórico capitalino. Los guardias esperaron a que la pontevedresa de 41 años abandonase el negocio para proceder a su identificación.

Este fue el colofón de una investigación, que bautizada como operación Churro, se había iniciado unas semanas antes cuando se recibieron una serie de informaciones en torno a la existencia «de un local sin rotulación comercial alguna en la que se elaboraban churros para su posterior distribución y venta a distintos establecimientos de hostelería de la ciudad».

Tras determinar los horarios de reparto y los establecimientos a los que se estaban suministrando los churros, el Seprona coordinó un operativo con la inspección del Servicio de Control de Riscos Ambientais. De este modo, al mismo tiempo que se interceptaba la entrega de una partida de dulces en este establecimiento hotelero de la ciudad, se registraba el obrador, confirmándose entonces que se trataba de un galpón que carecía de cualquier tipo de control sanitario, industrial o fiscal.

En su día, desde la Comandancia de Pontevedra remarcaron las deplorables condiciones higiénico-sanitarias con las que se encontraron los agentes del Seprona: «En la mesa de elaboración de la masa de los churros se encontró esparcido material de raticidas mezclado con heces de roedores».

De igual modo, se enfatizó el hecho de que «el habitáculo, donde también se almacenaba la mercancía y la maquinaria propia de la venta ambulante, no cumplía los requisitos mínimos de salubridad», así como «se llegaron a contabilizar una veintena de bolsas de basura grandes sin gestionar en el interior del local».

Sanción administrativa

Por estos hechos, tal y como adelantó La Voz de Galicia en octubre del año pasado, la Consellería de Sanidade sancionó con 15.003 euros a una de las hermanas identificadas en esta operación como autora de tres supuestas infracciones graves en materia de seguridad alimentaria. En su resolución, que por entonces podría ser recurrida ante los tribunales, la Administración autonómica aludía a distintos artículos del Regulamento relativo á hixiene dos produtos alimenticios, así como a la normativa a nivel comunitario que determina «os principios e os requirimentos xerais da lexislación alimentaria, se crea a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria e se fixan procedementos relativos á seguridade alimentaria». De igual modo, se cita el Real Decreto sobre Rexistro Xeral Sanitario de Empresas Alimentarias e Alimentos, al tiempo que se ordenaba la «destrución dos produtos intervidos».

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