Dos agentes, implicados en la mayor filtración de datos de la Guardia Civil

Alfredo López Penide
López Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

La Audiencia juzgará el martes a los dos guardias a los que acusan de difundir la identidad de los confidentes y un listado con los coches camuflados del cuerpo

22 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Superados los últimos obstáculos en forma de recursos, la Audiencia de Pontevedra se dispone a juzgar desde el martes a los dos agentes de la Guardia Civil acusados de sustraer toda clase de informaciones relacionadas con el cuerpo y difundirla a través de la organización criminal de la que formaban parte. Así, lo mantiene el fiscal, que solicita trece años y medio para cada uno de los agentes, así como siete años para un tercer procesado que, sin vinculación profesional con el instituto armado, sí se considera que es una «persona vinculada policialmente con el narcotráfico».

«Nunca habíamos tenido tal fuga de información sensible. Es la mayor filtración en la Guardia Civil de Pontevedra». Las palabras de este agente de la Comandancia de la ciudad del Lérez son corroboradas por el anterior fiscal antidroga provincial, quien en su escrito de acusación, sostiene que los dos agentes investigados, junto con el tercer sospechoso, frustraron varias operaciones contra los clanes de la droga asentados en las Rías Baixas.

La Fiscalía tiene claro que los tres acusados constituían «un grupo criminal que tenía por finalidad la obtención de información secreta y datos personales que obraban en poder de la Guardia Civil para el desarrollo de investigaciones policiales, fundamentalmente, en materia de narcotráfico, y su posterior revelación y difusión a terceras personas, fundamentalmente, los afectados por tales investigaciones». Las estimaciones que realizan es que el entramado estuvo activo desde febrero del 2013, mes en el que se tuvo la constancia fehaciente de las primeras fugas de información, hasta el 30 de julio de ese mismo año, día en el que se sucedieron los arrestos.

A la hora de establecer la existencia de un grupo, el fiscal sostiene que cada uno de los encausados realizaba tareas o funciones diferenciadas. De este modo, Javier L. S., destinado al Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de Galicia, supuestamente, se apoderó de «información sensible o datos reservados de carácter personal que obraban en los archivos y sistemas informáticos utilizados» por su unidad. A fin de cuentas, gracias a su puesto de trabajo tenía a su alcance los datos comprometedores de operaciones policiales en curso, así como a informaciones de «carácter personal a las que no estaba autorizado a acceder».

Por su parte, Diego F. C., integrante del Equipo de Drogas y Crimen Organizado de Pontevedra, «se encargaba de difundir, tanto la información y datos personales por él sustraídos, como los datos obtenidos y sustraídos por Javier L. S. entre personas ajenas a la Guardia Civil». El fiscal destaca que tal difusión, o bien la hacía directamente a los interesados, o bien a través del tercer acusado, Juan Carlos S. N.

Además de detallar estos aspectos de los acusados, el fiscal reseña algunos de las investigaciones que, presuntamente, resultaron comprometidas por la fuga de información. Entre otras, se alude a una centrada en una red que «llegó a gestionar varios envíos de cocaína a través de puertos españoles que alcanzaron la cantidad aproximada de mil kilos».