El fiscal archiva la denuncia por la gestión de proyectos en la era Louzán

Alfredo López Penide
López Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

ramón leiro

Silva trasladó al ministerio público una serie de anomalías por valor de 35 millones

08 jul 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

El fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, confirmó ayer el archivo de las supuestas irregularidades relativas a la gestión del gobierno provincial presidido por Rafael Louzán. En este sentido, según trascendió, entiende que no se trataba de una denuncia propiamente dicha, sino que desde la Diputación de Pontevedra le trasladaron un importante volumen de documentación y expedientes administrativos sin concretarle los hechos supuestamente delictivos. En definitiva, las presuntas irregularidades no estaban lo suficientemente motivadas.

De este modo, el ministerio público pontevedrés ha dado carpetazo a una cuestión que, en principio, sigue viva en el Tribunal de Cuentas. Fue a principios de septiembre del pasado año cuando la presidenta de la Diputación, la socialista Carmela Silva, anunció su intención de poner en conocimiento de este organismo y de la Fiscalía Provincial de una serie de proyectos por valor de 35 millones de euros.

Entre estas iniciativas se encuentran las Pousadas do Salnés hasta el DepoTrans, esto es, desde proyectos vinculados a la depuración de aguas hasta los relacionados con las nuevas tecnologías. En algunos casos, la ejecución de los mismos superó el presupuesto inicial, por lo que se tuvieron que aprobar reconocimientos extrajudiciales de deuda.

En este sentido, el caso más paradigmático es el de las Pousadas do Salnés. Carmela Silva no solo aludió a que existió un importante sobrecoste, sino que se habrían detectado «irregularidades na tramitación dos pagos que poderían xerar a necesidade de profundizar na súa legalidade».

De hecho, en algún caso, la Diputación tuvo que devolver alguna de las subvenciones concedidas de Fondos Europeos.

En el seno de la Fiscalía tienen claro que la tramitación de estos expedientes fue, en buena parte de los casos, muy deficiente -no descartan, incluso, que pueda existir algún tipo de ilegalidad administrativa-, pero consideran que la jurisdicción penal no es al ámbito donde debe resolverse, toda vez que no se han determinado hechos de los que derive una conducta delictiva.

Para llegar a esta conclusión, no solo se ha dispuesto de toda la información trasladada desde la Diputación de Pontevedra, sino que, además, el fiscal jefe tuvo ocasión de tomar declaración como testigos a varios técnicos del organismo provincial. Todo parece indicar que estos subrayaron que los proyectos pasaron por diversos controles.

Facturas si abonar

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva volvió ayer, por otra parte, a cargar contra la gestión de Rafael Louzán y destapó que la institución no abonó facturas al Instituto Ferial de Vigo por más de cien mil euros.