La Diputación pierde diez millones por gestionar mal proyectos de la UE
PONTEVEDRA
Tendrá que devolver este año 3,6 millones y no ingresará otros 6,1 previstos para 2016
28 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La mala gestión de proyectos europeos por parte de la Diputación de Pontevedra le ha hecho perder casi diez millones de euros este año. El montante supone un 6 % del presupuesto provincial para el 2016 y trastoca gravemente su ejecución, alertó ayer el diputado Carlos López Font (PSOE). Se trata de los proyectos DepoTrans y DepoGap, ambos gestionados durante el mandato del anterior gobierno del Partido Popular, presidido por Rafael Louzán, y que han sido auditados ahora por la Unión Europea.
El primero de los proyectos consistió en la instalación de 35 depuradoras en el área del Miño, a su paso por la provincia, y contaba con una financiación europea del 75 %. Ahora el Ministerio de Hacienda reclama a la Diputación que devuelva 3,6 millones de euros del proyecto. Según recordaron ayer desde la Diputación de Pontevedra, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ya había detectado en el año 2013 «irregularidades na subministración das depuradoras; discrepancias na súa localización; irregularidades na contratación das asistencias técnicas para a redacción dos proxectos; imputación de gastos de execución sen xustificar; utilización impropia de procedementos de urxencia na licitación da obra civil e a falta de comprobación da execución das melloras».
Pese a que el actual gobierno presentó un recurso el pasado mes de julio, tras tomar posesión, finalmente ha sido desestimado. Esto significa que la Diputación está abocada ya a devolver esos 3,6 millones de euros. El segundo caso se refiere al proyecto, también con financiación europea, Depogap. Nuevamente, el Ministerio de Hacienda se ha comunicado con la Diputación de Pontevedra. En este caso revoca la concesión de los fondos Feder previstos para desarrollar un sistema de gestión inteligente de la Administración local en la provincia a todos los niveles. Lo que significa la sanción es que no se recibirán esos 6,1 millones previstos. El problema es que la institución provincial, alertó López Font, ya los había incorporado al presupuesto. Y los fondos ya se han gastado, explicó. Pero de los 8.794.257 euros a los que ascendía el presupuesto del proyecto, únicamente se justificaron correctamente 1.527.982 euros.
Contratos a una semana del plazo
«Hay contratos firmados el 9 de marzo, con un plazo de ejecución de seis meses, cuando el plazo de ejecución del proyecto acababa el 16 de marzo», explicó López Font. «Esto invalida la gestión de cualquier político», aseguró el diputado en referencia al anterior equipo de gobierno y personalizando en Rafael Louzán. «¿Quién va a asumir ahora responsabilidades políticas?», se preguntó, aunque apuntó inmediatamente al actual presidente provincial del Partido Popular en Pontevedra, Alfonso Rueda, al que pidió explicaciones. Y de Louzán reclamó al menos que deje su puesto de asesor del grupo provincial del PP en la Diputación, por el que cobra un salario de 44.000 euros con cargo a los presupuestos de la institución.
También extendió sus críticas a los actuales diputados que se sientan en la bancada del Partido Popular, muchos de ellos, también integrantes del anterior grupo de gobierno, con Rafael Louzán.
«¿Quién va a asumir ahora responsabilidades políticas. Esto invalida la gestión de cualquier político»
Carlos López Font
El actual grupo de gobierno mantiene la decisión de llevar las irregularidades ante la Fiscalía
«No le quepa la menor duda», dijo Carlos López Font, a preguntas de los periodistas acerca de si estas irregularidades se llevarán a la Fiscalía. Se remitió al anuncio que hizo al respecto la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva (PSOE), el pasado mes de septiembre, cuando anunció que llevaría ante la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas lo que denominó como «irregularidades» en proyectos en marcha de la institución por valor de 35 millones de euros. Se trata, en todos los casos, de actuaciones ligadas a proyectos cofinanciados por la Unión Europea.
Entonces ya advirtió Carmela Silva que la lupa estaba sobre los proyectos DepoTrans y DepoGap, a los que afecta la devolución de las partidas ahora. Sin embargo, las reclamaciones de Hacienda corresponden al período de intervención del 2007 al 2013 y no se descarta que puedan aparecer más perjuicios económicos en el futuro. Los proyectos DepoTic y el de las Pousadas do Salnés también fueron señalados por Silva como sospechosos de irregularidades en su comparecencia de septiembre.
El traslado a la Fiscalía no implica una denuncia por parte de la Diputación de Pontevedra a los antiguos gestores, sino que se trata de la remisión de toda la documentación necesaria para que el fiscal estudie si hay materia punible, además de las irregularidades en la gestión administrativa detectadas ahora por Europa y el Ministerio de Hacienda y que obligan a la pérdida de diez millones de euros en un presupuesto provincial que, para este año, asciende a 152 millones de euros.