El vicepresidente de la institución estalla ante la huelga en el Parque de Maquinaria
16 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El coste total anual, con cotizaciones, del sueldo de la presidenta de la Diputación, Carmela Silva (PSOE), es de 85.397, lo que hace un total de 5.113 euros al mes. Pero no es la que más cobra en la institución. Y quien le disputa el puesto no es tampoco un alto funcionario, sino «algún condutor» del Parque de Maquinaria de la Diputación, según aireó ayer el vicepresidente, César Mosquera (BNG).
Mosquera estalló ayer en rueda de prensa. Esta coincidía con la concentración del personal del Parque de Maquinaria en una jornada de huelga convocada por los trabajadores afectados. Con la concentración, celebrada a mediodía, «para protestar contra a modificación das súas condicións de traballo, que se enmarcan nun intento de privatización do mesmo».
A preguntas de la prensa, Mosquera negó la mayor. «Non se privatiza nada, deso non somos sospeitosos», dijo. Y circunscribió el problema a las reticencias de los trabajadores a perder una serie de privilegios, como los complementos salariales que haría que ese conductor acabase cobrando al mes más que la presidenta de la institución. «O fondo do problema é ese», zanjó.
Según explicó, el Parque de Maquinaria venía funcionando sin más jerarquía que la que dictaba el anterior presidente, Rafael Louzán (PP), y ahora los trabajadores tratarían de mantener un sistema retributivo basado en «políticas espurias e consentidas durante anos». Lo que se ha hecho, relató Mosquera, es circunscribir el Parque de Maquinaria al servicio de vías provincial, dentro de su jerarquía y con las condiciones de horarios y desplazamientos que impedirían el cobro de salarios que superarían esos cinco mil euros al mes.
«Podemos traer aquí algún papel, tachando o nome, loxicamente, para que se comprobe, pero esperemos que cunda a sensatez», deslizó Mosquera, a modo de advertencia.
Los trabajadores del Parque de Maquinaria, donde también hay una planta de aglomerado asfáltico obsoleta, según dijo Moquera, que impide utilizar el producto que genera, iniciaron una serie de protestas por lo que ellos denominan parálisis de su actividad. También han alertado de la falta de partidas presupuestarias para afrontar el traslado de la planta, ahora instalada sobre una concesión de Costas y que deberá abandonar en el 2018. Por ello aducen que la Diputación planifica la privatización del servicio.
Sin embargo, Mosquera negó ayer tajantemente que ese sea el trasfondo del problema y lo circunscribió exclusivamente al conflicto laboral relacionado con las retribuciones extra que tienen ahora por conceptos como kilometraje, dietas, nocturnidad y otros complementos.