Fue el más claro exponente de que los chalecos antibala pueden salvar vidas. El 28 de noviembre del 2014, la pontevedresa Vanessa Lage caía abatida por los disparos de un atracador. Su jefe, Vicente Allo, resultaba herido. Ninguno de los dos portaba esta prenda.
Ha pasado más de un año de aquella fecha y la realidad apenas si ha cambiado. Aún son numerosos los agentes pontevedreses a los que la Dirección General de la Policía no les ha dotado de chalecos y, en algunos casos, hay quien piensa que hubiera sido mejor que ni lo hubieran hecho. Si no, cómo se explica la surrealista imagen de tratar de convencer a mujeres policías de que utilicen unas prendas diseñadas para la anatomía masculina a las que se les han hecho unos arreglitos con poco más que cinta aislante.
En ocasiones, este tipo de demandas se solventan por parte de la Administración aludiendo al consabido «no hay dinero». Es una revisión de aquel dicho que popularizaron en las elecciones que convirtieron a Bill Clinton presidente de los Estados Unidos: «Es la economía, estúpido».
Pero, ¿cuánto cuesta una vida humana? Imposible de calcular. Lo que sí han calculado las centrales sindicales es el coste que tendría para las arcas de la Administración dotar a cada agente de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de un chaleco: 37 millones de euros -cuatro millones más de lo que Interior abona anualmente a empresas privadas que colaboran en la vigilancia penitenciaria-. Precisaron que el coste medio de cada prenda asciende a unos cuatrocientos euros.