Reponer el agua costó 609 euros, limpiar las gradas, otros 409, y quitar la pintura que tiñó de rojo la piscina de Pontemuíños del traje del gerente, al que también fue a parar en la protesta, obligó a desembolsar otros 125 euros. No se sabe si para el tinte o el sastre. Las consecuencias económicas de todo aquel piquete fueron esas. Hubo otras veces en que se usó pintura y tintes durante la huelga de trabajadores de las instalaciones deportivas de hace cinco años. Pasó en las mismas piscinas de Pontemuíños, con un tinte verde -antes de que otro rojo marcase en negro el futuro de Tamara y Ana-, y también en Arousa, con pintura roja otra vez.
Estaban llamados aquellos días a la huelga 3.700 trabajadores. Uno de ellos, que secundó el paro siempre hasta que se firmó el preacuerdo, fue entonces a trabajar pensando en una pronta solución. Las ruedas de su vehículo aparecieron rajadas y los laterales con pintadas que decían «skirol». La policía investigó y no se lograron grandes avances sobre los responsables de aquello.
Luego todo se calmó, la huelga terminó y no se volvió a saber nada de un gremio que reclamaba derechos laborales mejores y un incremento en sus retribuciones. Pasaron cuatro años y el conflicto se desdibujó en la memoria. Hasta que se conoció cuánto costaba vaciar una piscina olímpica y llenarla de nuevo, limpiar unas bancadas y reponer los desperfectos de un traje. En total: 1.143 euros. Se supo porque así figura en la sentencia. Pero esos detalles quedaron en el olvido, porque a Tamara y a Ana el mismo fallo que cuantificaba los desperfectos de la pintura en Pontemuíños las enviaba a la cárcel. Tres años.
Ahí es donde se enterró el sentido común y se aplicó la ley. Dura, pero ley, como se les enseña a los estudiantes de Derecho. Por sentido común, para Tamara y Ana, dura lex, debería escribirse todo junto y ser una vajilla casi irrompible, en lugar de una amenaza de cárcel que solo se podía esquivar con un indulto. Y ya metidas en abogados y tecnicismos, con ellas muchos aprendieron que el indulto no quita la mancha de haber cometido un delito, solo evita la pena que acarrea. Se anunció en falso que se concedía inminentemente un par de veces, como una pena agravada, porque el indulto no llegó. Los tiempos políticos consumieron entretanto a dos ministros de Justicia y algunos cambios legislativos que han acabado siendo su salvavidas. Ellas mantuvieron desde un inicio que no tenían nada que ver en los hechos. Recurrieron, perdieron y acabaron siendo las únicas que en aquella huelga acabaron pagando los platos rotos. Lástima de Duralex.