La parte contratante de la primera parte

Sendos ministerios del Gobierno llevan años mareando de modo absurdo un acuerdo para trasladar las oficinas del Documento Nacional de Identidad y Pasaportes

El Sindicato Unificado de Policía sacó a la calle la necesidad de trasladar las oficinas del DNI.
El Sindicato Unificado de Policía sacó a la calle la necesidad de trasladar las oficinas del DNI.

Pocas escenas de cine resultan tan hilarantes como la parodia que los hermanos Marx realizaron de las truculencias burocráticas en la película Una noche en la ópera. Groucho negocia la contratación de un tenor con Chico y comienza a leer las cláusulas de un interminable acuerdo que propone firmar. «La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte», recita Groucho que pide la anuencia de su interlocutor quien alega no entenderla y pide que se la vuelva a leer. Groucho lo hace. Ante la duda prolongada, repite lectura y, como persisten las dudas, concluye: «Oiga ¿porqué vamos a pelearnos por una tontería como esta? La cortamos y ya está». Y así continúan rompiendo trozos y trozos de aquel inacabable contrato

Pues bien: así estamos todavía entre dos ministerios del Gobierno de la Nación que llevan cuatro años mareándose, de modo absurdo, para alcanzar un acuerdo que permita el deseable traslado de las oficinas de expedición de DNI y Pasaportes en esta ciudad a unas instalaciones más apropiadas. No sé quien entre Cristóbal Montoro y Jorge Fernández encarnará a Groucho y cual a Chico, pero lo cierto es que cualquier ciudadano que haya seguido el asunto concluirá que ambos ministros protagonizan un diálogo de sordos dando lugar a una situación tan disparatada como las que parodiaron las películas de los hermanos Marx.

Resulta que la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio (Segipsa), dependiente del Ministerio de Hacienda, pide un pastón a la Dirección General de la Policía, del Ministerio de Interior, por el alquiler de un semisótano de 400 metros cuadrados del edificio de la calle Michelena, 30. Allí fue dónde se planteó -hace ya cuatro años- el traslado de oficinas del Documento Nacional de Identidad y Pasaportes que aún permanecen en dependencias abigarradas e incómodas de la Comisaría Provincial de Policía, en la calle Joaquín Costa.

Cualquiera de nosotros que haya acudido a renovar cualquiera de estos documentos sabe bien de la incomodidad de esas oficinas que se han quedado encorsetadas en un espacio reducido que, caso de liberarse, vendría muy bien, en cambio, para desahogar y reubicar determinadas unidades policiales.

Fueron los propios agentes del Cuerpo Nacional de Policía los que, en días pasados, nos han recordado este dislate que sigue prolongándose. El desaguisado es de tal magnitud que, según reveló el SUP, incluso Interior ha estado pagando hasta hace poco la conexión de Internet para ese local de Michelena, esquina Fernández Villaverde, a fin de asegurar la cobertura para cuando se hiciese la pretendida mudanza.

La deseable mejora de la calidad en la atención a los administrados, siempre exigible a las instituciones públicas, queda en este caso condicionada por criterios puramente mercantiles. Y supeditada a la discusión entre dos ministerios de un mismo gobierno que se conduce financieramente con los mismos Presupuestos Generales del Estado. Los mismos de los que salieron los cuatro millones de euros que se gastaron en el 2010 en la rehabilitación de las antiguas dependencias del Banco de España, con miras a realojar dependencias administrativas dispersas por la ciudad. Los mismos PGE de los que saldrá la pasta con la que el Estado pagará el arrendamiento y en los que aparecerá, en la columna de ingresos, el abono de semejante alquiler. ¿No les parece de locos?

Se preguntarán, yo lo hago, dónde diantre queda la pretendida cohesión de una acción de gobierno si para un tema tan simple, no han bastado cuatro años para llegar a un acuerdo entre los ministerios de Hacienda e Interior.

Y por cierto, ¿dónde está Rajoy en un caso como este? Y máxime para un asunto en su ciudad de adopción que resolvería una reivindicación muy sentida, pues desde hace años se reclama la mejora de las condiciones de atención en las dependencias del DNI y pasaportes. ¿No debería bastar la intervención de un presidente para zanjar una cuita tan chusca entre dos de sus ministros?

Nos queda la remota posibilidad de que en plena precampaña para los comicios del 20D, alguien le haga ver al presidente -o acaso a la ministra de Fomento y candidata al Congreso por esta provincia-, que un asunto tan absurdo como éste, se podría resolver con una simple llamada al orden a dos de sus ministros.

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