La Diputación valora aplazar el pago de impuestos a familias sin recursos

Lars Christian Casares Berg
christian casares PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

La situación económica precaria deberá ir avalada por informes municipales

18 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

Aplazar el pago o, al menos, fraccionarlo. Es la solución que está estudiando la Diputación para las familias sin recursos que tienen que afrontar el abono de impuestos municipales. Y es que la Diputación es la encargada de gestionar el cobro de estos tributos en 54 ayuntamientos de la provincia, en todos aquellos que no cuentan con servicios propios. La medida la anunció ayer la presidenta de la institución, Carmela Silva (PSOE).

La Diputación encargará ahora un estudio para ver si la medida es viable y cómo se aplicaría «para aquelas persoas en situación económica desfavorable». Sería necesario que primero emitiesen los propios ayuntamientos un informe acerca de las circunstancias de las personas en situación económica precaria. Deberá ser elaborado por los técnicos municipales.

El principal impuesto que recauda la Diputación a través del Oral, la oficina que se encarga de la emisión de recibos para 54 concellos de la provincia, además de dos mancomunidades, dos consorcios y una entidad local menor, es el de bienes inmuebles. Cada año, la Diputación logra recaudar unos 110 millones de euros, si bien en la cifra se incluyen, además de impuestos municipales -que después se revierten a las arcas de los concellos-, las multas, que también se gestionan para algunos ayuntamientos.

Es difícil cuantificar cuántas familias están en condiciones de no poder afrontar el pago de estos impuestos. Sin embargo, según las últimas estadísticas de la Diputación, solo en una horquilla que apenas va del 1 % al 3 % de los contribuyentes no paga. Por cauces normales, los del abono en período voluntario, se satisfacen entre el 85 % y el 90?% de los recibos. A partir de ahí se logra cobrar parte de ese diez por ciento restante, pero hay que hacerlo poniendo en marcha mecanismos de la Administración, como la vía ejecutiva o incluso el embargo, pero esto también supone un gasto a mayores para la Diputación.

El Oral pone al cobro cada año cerca de dos millones de recibos, por lo que el gasto se simplifica mucho si estos son abonados en período voluntario, a partir de ahí, para perseguir al moroso es necesaria una maquinaria administrativa con coste añadido.