La jueza autoriza a Aduanas a investigar la actividad económica y fiscal de Lores

Agentes de Aduanas irrumpieron ayer en el Concello para requiere todos los pagos del Ayuntamiento a Aquagest

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Vigilancia Aduanera registra las oficinas del servicio de Intervención Municipal del Concello de Pontevedra
Agencias
Pontevedra / La Voz

La titular de Instrucción número 1 de Lugo, la jueza Pilar de Lara, ha autorizado al Servicio de Vigilancia Aduanera a investigar la actividad económica y fiscal del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), y otros miembros de su gobierno, como el edil de Facenda, Raimundo González, en relación a las investigaciones que realiza sobre los contratos obtenidos por Aquagest en Pontevedra. 

En el mismo auto, con fecha del 10 de noviembre, Vigilancia Aduanera propone a la instructora de la operación Pokémon que llame a declarar a Fernández Lores a los juzgados de Lugo, aunque por el momento, De Lara autoriza a seguir las investigaciones y dio luz verde a recabar información de los contratos en el Consistorio.

Esto sucede en paralelo al registro de ayer en Pontevedra, cuando agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera irrumpieron en el Concello de Pontevedra para requerir una cantidad ingente de documentación relacionada con las empresas Aquagest y Autocares Viuda de Cándido desde el año 2009 hasta la actualidad. La investigación se enmarca en una de las piezas separadas de la causa por la operación Pokemon. Concretamente, de la pieza número cuatro que, según un auto dictado en noviembre del 2014 por el juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, se refiere a la trama «que gira alrededor de la empresa Aquagest en diversos términos municipales de Galicia» por la supuesta obtención de contratos o concesiones «a cambio de la entrega de dinero, regalos y viajes».

Aquagest trabaja para el Concello de Pontevedra desde 1997, cuando suscribió un contrato por veinte años para hacerse cargo del servicio de alcantarillado y abastecimiento de agua. En dicha pieza separada se especifica que, sin existir atestado policial referido al Concello de Pontevedra, «de las conversaciones telefónicas se infiere la posible concesión de la gestión del servicio de agua» así como «tratos efectuados para la posible renovación del servicio». Por ello los agentes buscan información acerca de contratos y prórrogas, aunque estas últimas, en el caso de Pontevedra no se han producido, explicó el concejal de Réxime Interior, Vicente García Legísima (BNG), ya que el vigente contrato expira en el año 2017 .

Los agentes se personaron en las oficinas municipales alrededor de las diez de la mañana, y al cierre de esta edición seguían analizando los documentos que le fueron facilitando alrededor de una veintena de funcionarios de los servicios municipales de Intervención, Contratación, Tesorería y Secretaría. La labor de recopilación de los documentos se alargó durante tantas horas porque había que revisar más de un millar de tomos de facturas para discriminar exclusivamente las que se refieren a las dos empresas citadas.

Desde el gobierno local se subrayó que se prestó «total colaboración» a los agentes, si bien García Legísima criticó que se registre ahora el Concello en el marco de una instrucción, la de la operación Pokemon, que se inició en el año 2011. En este sentido, el concejal nacionalista hizo suyas las palabras del fiscal jefe de Galicia en las que se llamaba la atención acerca de los perjuicios que supone mantener abierta una causa «eternamente».

Legísima también ironizó sobre la «casualidade» de que se registre el Concello de Pontevedra a poco más de un mes de las elecciones generales, aunque afirmó que este hecho no causó sorpresa alguna en el seno del gobierno local ya que «a verdade é que todo o que veña do xulgado de instrucción número 1 de Lugo non nos sorprende».

Curiosamente, mientras los agentes de Aduanas tomaban la segunda planta del Concello, en el piso superior el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, recibía al embajador en España de la República Bolivariana de Venezuela.

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