Tamara y Ana, un año esperando un indulto del que aún no tienen noticias

Dentro de cuatro días, el 11 de junio, se cumplirá un año desde que Tamara Vidal y Ana Outerelo, las dos jóvenes pontevedresas condenadas a tres años de prisión por arrojar pintura roja y jabón líquido a una piscina durante la huelga en instalaciones deportivas del 2010, formularon la petición de indulto ante el Ministerio de Justicia. La solicitud tiene que ser resuelta directamente por el titular de esta cartera, Rafael Catalá. El protocolo es conciso: «Los procedimientos a los que dé lugar el ejercicio del derecho de gracia habrán de ser resueltos en el plazo máximo de un año».

No obstante, todas las fuentes consultadas sostienen que, pese a que está establecido que puede «entenderse desestimadas las solicitudes cuando no haya recaído resolución expresa en el indicado plazo», se trata de un plazo «hasta cierto punto» flexible. «Se han concedido indultos más de un año y medio después de que se hubieran solicitado por los afectados», reconocieron varios abogados pontevedreses consultados para realizar este reportaje.

«El Gobierno, que es el que tiene que darnos el indulto, parece que se ha olvidado», afirma Ana Outerelo, quien, al igual que Tamara Vida, matiza que «no sabemos nada» del Ministerio de Justicia o de otras administraciones. «No sé porque nos hacen esperar este tiempo», sostiene.

«No sé qué va a pasar. El ministro de Justicia nos dijo que, como mucho, en un año nos contestaban y esperemos que lo hagan. No sé si será justamente el día 11 o un mes más tarde, por lo que estamos a la expectativa, a expensas de ellos», apunta, por su parte, Tamara, quien confiesa que, a medida que se acerca esa fecha, vuelve a rememorar todo lo ocurrido a raíz de que la Audiencia les condenase a tres años.

No obstante, tanto una como otra han decidido sobreponerse a esta situación con optimismo. «Teniendo un bebé no me puedo permitir estar triste. Tengo que estar alegre y llevarlo como se pueda», remarca Tamara. Por su parte, la filosofía de su amiga, que si bien reconoce que ««si dijese que estoy al cien por cien tranquila, mentiría», es la de tratar «de saborear cada momento del trabajo y de mi vida personal como si fuese el último».

«Trato de olvidarme del tema, porque si no acababa enferma», añade Ana Outerelo: «Decidí vivir plenamente hasta que llegue el momento, hasta que llegue la notificación, para bien o para mal. Lo que no puedo consentirme, por mi bien y por mi salud, es pensar en ello».

Ambas aún mantienen la esperanza en el indulto, aunque cabría la posibilidad de que la reforma legal del Código Penal que entrará en vigor el próximo 1 de julio les afecte de alguna manera. La modificación rebaja las penas de prisión en el caso del artículo 315 e, incluso, prevé la posibilidad de que se sustituya la cárcel por una sanción económica.

Su situación es, de alguna manera, análoga a la de otros trabajadores vigueses que también fueron condenados en base a este artículo, si bien, en el caso concreto de estos últimos, ya se ha superado el año desde que tramitaron la petición de indulto.

«Ahora que ha pasado el tiempo y puedo ver el problema desde otra perspectiva, me parece tan insignificante el delito para la condena que me produce hasta risa», apunta Ana. «Creo que se dieron cuenta de que, en nuestro caso, hubo algo que falló. Es decir, que fue totalmente desproporcionada la pena», acota Tamara por vía telefónica.

«Volvería a esa manifestación», asegura de forma contundente Ana cuando se le pregunta si no se arrepiente de haber estado aquel 8 de febrero en Pontemuiños. Era la primera manifestación a la que acudía y lo hacía «voluntariamente porque creo en el derecho constitucional a manifestarse». Lo que nunca se imaginaban las pontevedresas es que «alguien se iba a saltar las reglas del juego e iba a arrojar la pintura a la piscina. La gente no protesta porque sí, no pasa la humillación de estar debajo de una pancarta y salir a la calle porque le apetezca. Si lo hice fue porque había una necesidad», aclara, al tiempo que no duda en mantener que «pagué la novatada. Nos pillaron a nosotras y punto».

Pese a que la sentencia del Penal números tres, cuyos hechos probados ratificó la Audiencia Provincial, las señaló a ambas como las personas que, supuestamente, empujaron al gerente de las instalaciones y arrojaron el tinte a la piscina, Tamara Vida y Ana Outerelo siempre han mantenido su inocencia, que fue otro individuo el autor de estos hechos. Afirman que nunca se plantearon saber su identidad. «No lo pienso. Jamás lo pensé. ¿De qué me vale?», concluye esta última.

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