Una red centralizará los datos municipales de la provincia que ahora manejan los concellos
PONTEVEDRA
El proyecto cuenta con fondos euros, supondrá una inversión de 6,5 millones de euros y tendrá que estar listo en seis meses
07 feb 2015 . Actualizado a las 05:00 h.«Síntome na obrigación de darlle a razón», le concedió ayer el presidente de la Diputación, Rafael Louzán (PP), al portavoz del BNG, César Mosquera. Y es que este último le afeó en el pleno provincial celebrado ayer que apenas queden seis meses para ejecutar un proyecto que se ha tardado más de tres años en tramitar. Están en juego 6,5 millones de euros para crear una red que centralizará buena parte de la información que ahora manejan los concellos de la provincia.
Se trata de un proyecto que cuenta con fondos europeos para financiar el 70 % de su coste total y que obliga a cumplir el plazo, a riesgo de perderse la inversión. Por eso ayer, pese a las críticas tanto de BNG como del PSOE, ambas formaciones sumaron sus votos a los del Partido Popular para adjudicar el contrato a una unión temporal de empresas formada por Indra, Altia y R.
Pero, ¿por qué se han tardado tres años en diseñar en qué consistirá exactamente la centralización de datos? El plan es ambicioso y aspira a conocer el consumo de energía de algunos ayuntamientos, mediante la realización de una auditoría energética, para poder definir luego pruebas piloto de eficiencia energética. Se trata de crear un mapa sobre el que construir una provincia que logre aprovechar los datos que produce en su funcionamiento diario y generar información nueva que le permita mejorar su gestión y ser más sostenible.
Para ello había que elegir, en sesenta ayuntamientos, equipos con los que trabajar, delimitar qué se va a inventariar. y comprobar qué gasto y necesidades energéticas tiene cada uno de ellos. Ahora, el proyecto DepoGap se encargará de auditar e inventariarlo todo. Lo hará por medios electrónicos, en el caso de los bienes municipales de toda la provincia. Y dotar a los ayuntamientos de información interna que permita optimizar la gestión de sus activos y ayude en la toma de decisiones para disminuir el gasto energético e impacto ambiental.
Lo primero será hacer el inventario. Y será extenso. Incluirá edificios administrativos, alumbrado público, edificios culturales y cívicos, redes eléctricas, centros sanitarios, redes de gas, centros docentes, redes de telecomunicaciones, centros asistenciales, vertederos y puntos limpios, tanatorios, cementerios, vehículos, mataderos, parques, instalaciones deportivas, mobiliario urbano, redes de abastecimiento y saneamiento, bienes muebles históricos, estaciones de tratamiento de agua potable, depuradoras de aguas residuales y créditos y derechos personales a favor de los ayuntamientos.
Y una vez que se cuente con toda esa información, crear una plataforma tecnológica que permita gestionar los datos de forma unificada y tomar las decisiones en función de ellos, pero también abrir el acceso de esta información a los ciudadanos y crear un sistema para que estos puedan también alertar sobre cualquier problema relacionado con alguno de los bienes inventariados, como averías en el alumbrado o destrozos en el mobiliario urbano.
Ahora el reto es poder desarrollarlo todo en apenas seis meses.