Más de doscientos trabajadores del Chop denuncian por vía penal a la dirección

cristina barral PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

Carmen Nogueira, a la derecha, tras presentar ayer la denuncia con sus compañeras en A Parda. r. leiro< / span>

Afirman que la Xerencia incumple las sentencias sobre los moscosos

13 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

Más de doscientos trabajadores sanitarios de la Estrutura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) de Pontevedra e O Salnés presentaron ayer en los juzgados de A Parda una denuncia penal contra la dirección por el conflicto de los días de libre disposición (LDs) o moscosos. Esta acción colectiva persigue los supuestos delitos de desobediencia y contra los derechos de los trabajadores y se dirige contra el gerente de la EOXI, José Manuel González, y otros nueve cargos directivos.

Se trata del director de Recursos Humanos del área, José Ignacio Lema; la subdirectora de Recursos Humanos, Ana Comesaña; el director de Procesos Asistenciales, José Antonio Ortigueira; la directora de Procesos de Enfermería, Isabel Pérez; y otros responsables (Beatriz Cabanelas, Dolores Otero, Ana María Conde, Concepción Caramés y Mar Piñeiro).

Los denunciantes son, en su mayoría, enfermeros, aunque también hay celadores y auxiliares de enfermería. Todos pertenecen al turno rotatorio complejo, es decir, realizan turnos de mañana, tarde y noche, y desempeñan su labor en el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (Chop) -Montecelo y Provincial- y en otros centros.

En la denuncia se expone que la EOXI está incumpliendo «de manera reiterada y consciente» diversas sentencias que establecen no solo el modo en que ha de fijarse la jornada máxima anual de este personal sanitario no facultativo, sino que también establecen el derecho de estos trabajadores a disfrutar de los días de libre disposición, que son trabajo efectivo, sin tener que recuperarlos con posterioridad. Desde el bufete Mareque-Malvar Abogados, que lleva la representación de estos empleados, se indicó ayer que antes de interponer la denuncia se pusieron los hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo y del Sergas, sin obtener respuesta.

«Lo que reivindican estas trabajadoras es un derecho laboral, reconocido en la ley y ahora también en sentencias judiciales, no una cuestión económica», señaló Andrés Malvar. En la denuncia se apunta que el proceder de la dirección podría ser constitutivo también de otros dos delitos: falsificación de documento público y estafa procesal.