Pontevedra sigue sin reconocer la retroactividad de las cláusulas suelo

La declaración como abusivas de las cláusulas suelo en las hipotecas bancarias fue una de las noticias judiciales del 2013. Sin embargo, a punto de finalizar el 2014, aquella resolución está generando desde entonces una desigualdad territorial que rompe con el derecho que afirma que «los españoles son iguales ante la ley». Si no, cómo se explica que la Audiencia de Pontevedra no considere la retroactividad en el abono del dinero cobrado indebidamente por las entidades y sí lo hagan los tribunales de más de una veintena de provincias y comunidades autónomas, caso de los de Asturias, Zamora o Huelva.

Hoy por hoy, los magistrados de las tres salas de lo civil de la Audiencia -en el caso de los de Vigo con una disparidad-, al igual que los de las tres provincias gallegas, se han sumado a una interpretación que, en opinión de los abogados consultados, estaría perdiendo defensores: «En los últimos meses hay una tendencia cambiante. El panorama está cambiando radicalmente. Ya son más las provincias que están concediendo la retroactividad que las que no», señala Marcos Fernández Delgado, socio del despacho pontevedrés Ex Nunc Avogados.

Tal y como aclara el letrado José Laredo Lorenzo, las desigualdades ya no son solo entre comunidades autónomas, sino que, en determinados procedimientos, no es lo mismo ser juzgado en Pontevedra que serlo en Vigo. Los juzgados de lo civil de la ciudad olívica y, posteriormente, la sala de la Audiencia sí están dando la razón a los demandantes cuando se trata de ejecuciones hipotecarias. A la hora de embargar una vivienda para su posterior venta con el objetivo de cubrir la hipoteca, la existencia de una cláusula suelo conlleva, normalmente, la paralización del procedimiento hasta que se determina el importe que la entidad financiera ha cobrado de más.

En otros puntos del territorio nacional, la situación es aún más kafkiana. Se ha dado el caso de que dentro de una misma Audiencia, como la de Madrid o de Barcelona, la secciones del mismo orden civil mantienen criterios dispares. En algún caso, siguen el de Pontevedra, esto es la cláusula suelo es anulada con la sentencia y no cabe hablar de retroactividad, mientras que en otros supuestos se apuntan a la vía asturiana. La diferencia entre una y otra interpretación puede suponer, según los cálculos realizados por Laredo Lorenzo, de entre cinco y quince mil euros por hipoteca media.

Unificar criterios

Frente a este panorama, los expertos en Derecho reclaman desde hace meses un pronunciamiento del Supremo para que unifique criterios. Pero incluso llegado ese momento, temen que con un dictamen favorable a sus clientes surjan nuevas desigualdades. Y es que muchos afectados pontevedreses por estas cláusulas verán cómo la Justicia les da la razón, esto es, que tendrían que haber recibido el dinero que su entidad les ha ido cobrando de más desde el momento que suscribieron su hipoteca, pero no van a tener margen legal para poder reclamar ese abono: «Creo que los que solo han solicitado la nulidad de la cláusula suelo podrán reclamar esas cantidades como adeudadas por el banco, mientras que los precursores, los que abrieron el camino posiblemente no podrán reclamar la retroactividad al ser considerada como cosa juzgada», precisó Marcos Fernández.

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