La Xunta recurrirá ante el TSXG la sentencia sobre el paseo fluvial de Caldas

c. b. PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

El paseo se abrió al público en marzo del 2012.
El paseo se abrió al público en marzo del 2012. mónica ferreirós< / span>

El fallo judicial avalaba la obra acometida en su día por el Concello

24 dic 2014 . Actualizado a las 05:00 h.

El culebrón del paseo fluvial del Umia, en Caldas, se mantiene. A pesar de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santiago que da la razón al Concello en primera instancia, la Xunta seguirá pleiteando. Así lo confirmó ayer un portavoz de la Consellería de Medio Ambiente, a preguntas de La Voz. Después de estudiar el fallo -conocido el pasado 2 de diciembre- por parte de Augas de Galicia, el departamento que dirige Ethel Vázquez optó por interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En la sentencia que difundió el Ayuntamiento se estima el recurso interpuesto por la Administración local contra una resolución de la Consellería de Medio Ambiente del 3 de enero del 2012. Este dictamen confirmaba otro anterior del presidente de Augas de Galicia del 25 de junio del 2010, en el que se denegaba al Concello autorización para las obras de un paseo fluvial en el río Umia. El juzgado anuló esa resolución, reconociendo el derecho municipal a instalar la pasarela de madera y a recibir, en compensación por las costas procesales, una suma máxima de 700 euros.

El alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey (PSOE), lamentó ayer la decisión de la consellería. De hecho, el regidor había solicitado una entrevista con la conselleira para abordar, entre otros, este asunto. El equipo de gobierno considera que no tiene sentido que la Xunta siga pleiteando, después del contenido de la primera sentencia.

En ese fallo se cuestionaron las razones esgrimidas por la Xunta para no autorizar las obras, algo que obligaba al Concello a levantar el paseo ya construido con fondos del primer Plan E. El juzgado sí hace hincapié en que tanto el Ayuntamiento como la Administración autonómica tienen la obligación de garantizar la seguridad de las personas y los bienes. Augas alegó que la pasarela no solo disminuía la capacidad hidráulica de desagüe del puente de la Herrería, sino que podría inundarse con las crecidas ordinarias del río Umia.