Un supuesto descuartizador, en el epicentro de una investigación fiscal

Alfredo López Penide
López Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

Frutos Ayala está imputado por la compra de una constructora por un euro

13 dic 2014 . Actualizado a las 05:00 h.

José Antonio Frutos Ayala, el supuesto descuartizador de Ponteareas, abandonó ayer por unas horas la prisión de A Lama para comparecer en los juzgados de Pontevedra. Y lo hizo no en relación con el crimen ocurrido el pasado junio, sino con una investigación que lleva el Juzgado de Instrucción número uno por un presunto fraude tributario vinculado con una de las grandes constructoras de la provincia.

La trama sobre la que trabaja desde hace más de un año el fiscal de delitos económicos Augusto Santaló comprende desde presuntos testaferros interpuestos hasta un extraño fondo de inversiones asentado en Catar. Todo arranca a finales del 2011 cuando la firma Gómez Bodaño -3.334 acciones de trescientos euros de valor nominal- es vendida al representante del citado fondo por un euro.

Apenas un mes más tarde, se produce una nueva transacción cuando las acciones son transferidas, también previo pago de un euro, a una firma pontevedresa especializada en trabajos de carpintería metálica y montaje de estructuras. No se tuvo que esperar mucho tiempo para que la historia se volviera a repetir.

A mediados de enero del 2012, emerge la figura de Frutos Ayala, quien adquiere la totalidad de los títulos de Gómez Bodaño abonando un euro. De este modo, pasa a ser administrador único de la constructora pontevedresa.

En su querella, el fiscal considera que, pese a los cambios de titularidad de la sociedad, «los poderes señalados se mantienen, al menos no consta revocación». Remarca que los dos últimos titulares formales, entre los que se encuentra el supuesto descuartizador de Ponteareas, «no figuran como titulares / autorizados en las cuentas bancarias de la sociedad».

La conclusión a la que llega, y que motivó que en enero de este año se interpusiera la querella que determinó la imputación de Frutos Ayala, entre otros, es que este es un mero testaferro «de los verdaderos propietarios de la sociedad, que se estima continúan siendo» el matrimonio que, en abril de 1989, constituyó la constructora. De este modo, junto con el resto de imputados, habría participado en el entramado para defraudar 142.076 euros en la cuota del IVA del ejercicio 2012.