La plataforma de hipotecados insta a los jueces capitalinos a suspender los desahucios

Sostiene que la legislación conlleva una «vulneración constante» de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE

De Francisco, a la derecha, criticó duramente la legislación vigente en materia hipotecaria.
De Francisco, a la derecha, criticó duramente la legislación vigente en materia hipotecaria.

Pontevedra / La voz

Mediante un escrito tramitado ayer a través del Registro del edificio judicial de A Parda, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Pontevedra instó a los magistrados capitalinos a que, entre otras medidas, suspendan inmediatamente los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso. El colectivo considera que se está produciendo una «vulneración constante» de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pero también de algunos convenios internacionales suscritos por el Reino de España y, asimismo, la Constitución española.

Así lo expuso Gonzalo de Francisco Meirelles, presidente de la PAH de Pontevedra, para quien desde 1993 solo se han emitido «directivas que beneficiaban a los promotores, a los bancos y a las grandes empresas. Exactamente igual que hoy». Frente a esta realidad, De Francisco aludió a que la Carta Magna y diversos acuerdos internacionales suscritos por el Estado español ahondan en la protección de la vivienda.

Acompañado por el abogado Jorge Paladino, el máximo representante de la PAH en la ciudad del Lérez sostuvo que, en aquellos casos en los que el desahucio sea inevitable, es perentorio disponer de una alternativa en la que alojar a los afectados. «No puede ser que en la Comunidad Europea, con las leyes sociales que existen, una persona sea puesta en la calle de la noche a la mañana y no tenga donde ir. Esto está sucediendo. En estos momentos quedan pocos puentes que no estén ocupados».

Entre otras medidas, defendió la necesidad de impulsar los alquileres sociales y las viviendas de protección oficial, toda vez que estimó que la ciudadanía no es la culpable de una crisis económica «que tiene nombres y apellidos». Lamentó que, en muchas ocasiones, «las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo son ignoradas y, cuando no lo son, inventan un mecanismo interno como para dar por cerrado un delito ya cometido».

En este marco, la PAH se ha dirigido al juez decano de Pontevedra, Miguel Aramburu, para que convoque una junta de jueces y les traslade el posicionamiento de la plataforma. De este modo, el colectivo considera que los titulares de los juzgados podrían tener en consideración el posicionamiento de la PAH en aquellos procedimientos hipotecarios en marcha. En el documento se afirma que todo aquel proceso «tramitado de acuerdo con una norma contraria al derecho comunitario, y por tanto ilegal, debe ser declarado nulo».

Legislación comunitaria

En concreto, se alude a que una sentencia europea ya dictaminó en julio que la legislación española viola una directiva de protección a los consumidores, así como que es contraria a la Carta de Derechos Fundamentales. Tras poner en tela de juicio el Real Decreto del pasado 5 de septiembre que modificó la ley procesal en materia de ejecuciones hipotecarias, la PAH recordó a los magistrados pontevedreses que existen resoluciones comunitarias que, en principio, obligarían a un juez de un Estado miembro de la UE a dejar de aplicar disposiciones contrarias al derecho de la Unión Europea.

Bajo esta premisa, se solicita la anulación de los procesos en curso, si bien subsidiariamente la plataforma defiende su paralización y que los magistrados planteen una cuestión prejudicial sobre la legislación a aplicar en materia hipotecaria.

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