Cuatro años sin Sonia Iglesias

El caso de la desaparición de la pontevedresa en agosto del 2010 podría quedar archivado sin resolver, salvo que la persistencia de la familia y de la Fiscalía logren evitarlo


A punto de cumplirse los cuatro años de la desaparición de Sonia Iglesias, el caso sigue revestido de misterios que ni la investigación policial y judicial ni el empeño de la familia y allegados, han podido desvelar.

En vísperas del aniversario, el entorno de la desaparecida recibió como un golpetazo el archivo del asunto, decisión que quieren evitar mediante recursos tanto los familiares como la Fiscalía de Pontevedra.

En esa contraofensiva, la última propuesta del ministerio público ha sido plantear la practica de una prueba neurofisiológica a Julio Araújo, pareja de Sonia y la única persona que durante este plazo de 4 años ha estado señalada como principal sospechoso. Aunque la imputación que hubo contra él era por detención ilegal y es, precisamente, la que se encuentra en suspenso por resolución de la jueza que entiende del caso últimamente.

Tanto la reciente propuesta de la Fiscalía para practicar al compañero de Sonia el test P300 como otras anteriores (polígrafo, búsqueda con georradar?) van encaminadas en la misma dirección. Pretenden hallar respuestas en medio del reguero de incertidumbres y contradicciones que rodean la desaparición de Sonia debido a una investigación fracasada.

En alguna otra ocasión anterior que he escrito sobre este caso, he citado el aserto policial que reza así: «No existe el crimen perfecto; lo que hay son investigaciones imperfectas».

Lamentablemente la desaparición de Sonia Iglesias es, desde hace cuatro y de momento, solo «una desaparición». Falta lo más importante en un caso de presunto homicidio o de asesinato: no hay cadáver; no hay restos.

Durante estos 1.460 días transcurridos tampoco se ha logrado una sola prueba incriminatoria. Solo algunos indicios y sobre todo, evidentes contradicciones que atañen al único señalado pero que no han bastado para que el juzgado fuera más allá de la imputación ya conocida.

El caso de Sonia no ha sido el primero pero espero que sea el último de una desaparición inexplicable que parece barnizar un probable crimen.

Cabe cuestionarse razonablemente si la Policía actuó con premura y eficacia necesarias en las primeras horas de aquel 18 de agosto de 2010. Lamentablemente los protocolos de actuación de las Fuerzas de Seguridad resultan ortopédicos y lentos en casos de desapariciones al establecer esa ya conocida caución inicial de 48 horas antes de iniciar una investigación y búsqueda.

Semejante plazo de espera hasta activar el operativo se convirtieron en un muro aparentemente infranqueable.

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