Los estafadores «alquilaban» a través de Internet viviendas inexistentes y entre las más de 180 víctimas se encuentra un matrimonio pontevedrés
19 jul 2014 . Actualizado a las 07:00 h.En noviembre del 2013, la detención de once personas hizo que la Guardia Civil alertase del incremento de estafas en el alquiler de apartamentos vacacionales. Entre las más de 180 víctimas que en su día se localizaron en todo el territorio nacional, el instituto armado sospechaba que se encontraban varios vecinos de distintos puntos de la provincia. Ahora, con el anuncio de que la causa ha sido asumida por un juez de la población valenciana de Villena, ha trascendido que entre ellos, al menos, se encuentra un matrimonio de la ciudad de Pontevedra que vieron cómo, en parte, se les truncaban las vacaciones.
Y eso que, a decir de algunos investigadores, los pontevedreses «aún tuvieron algo de suerte y solo perdieron 125 euros y no los trescientos que llegaron a adelantar otros afectados». Se estima que fueron más de veinte mil euros los que pudieron haber estafado los arrestados.
En el caso de la pareja pontevedresa, el fraude que sufrieron se remonta a principios de julio del pasado año. Por aquella época, contestaron a un anuncio de una conocida web de oferta y demanda para alquilar ese mismo verano una vivienda en Benidorm. El denunciante contactó telefónicamente con el supuesto arrendador, que dijo residir en Sax (Alicante), y acordó el pago mediante giro postal de una fianza de 125 euros -las cantidades que pedían solían oscilar entre los 80 y los 300 euros-.
A diferencia de otros perjudicados que solo se percataban de que habían sido engañados cuando se desplazaban hasta Benidorm y comprobaban que el apartamento no existía, los pontevedreses, aparentemente, se enteraron antes de hacer las maletas. Ante la proliferación de denuncias, la Guardia Civil ya había abierto una investigación y en el curso de la misma los agentes se pusieron en contacto con ellos para informarles de que «el anuncio era una estafa».
Los pontevedreses acudieron a la Policía Nacional, lo que derivó en la apertura de una causa judicial por parte de un juzgado de instrucción capitalino. El magistrado, al comprobar que ya estaba abierto un procedimiento desde un juzgado de Villena, decidió inhibirse a su favor.
Meses después, en la vecina localidad de Oropesa del Mar y en el marco de la operación Matima, saltaba a la luz un caso de similares características. De nuevo, entre las víctimas se encontraban varios pontevedreses.