PP, BNG y PSOE apuran el fin de mandato enredados en viejas polémicas, mientras Podemos se abre paso en la ciudad. El 5 de junio celebra asamblea
01 jun 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El 7 de junio del 2011, adelantándose al recelo que estos asuntos causan, el BNG, recién elegido por los pontevedreses para formar gobierno ante un nuevo tropiezo de un PP que no lograba mayoría absoluta, se apresuró a poner la venda antes de la herida. «Cando alguén sae electo os cidadáns queren que atenda o traballo para o que foi elexido, por iso a prioridade é que teña todo o tempo para adicarse a ese traballo -decía César Mosquera (BNG) en referencia a los sueldos que empezaban a pactar con los socialistas-. Dito isto, nós temos unha proposta que levamos bastantes anos defendendo: que ninguén saia beneficiado pero que tampouco saia perxudicado». Al mismo tiempo, un puñado de pontevedreses, que mantenían la acampada de indignados que habían levantado apenas veinte días antes, debatían como extender las asambleas a las plazas de la ciudad y habían reunido en solo siete días mil firmas de apoyo.
El BNG, ajeno, aprobó sueldos para todos sus ediles, salvo los que lo mantenían por otra actividad profesional, y para los tres del PSOE. Se hizo en un pacto también con el PP, cuya escasa transparencia quedó en evidencia al ser quebrado con el tiempo por Jacobo Moreira, tras suceder a Telmo Martín, y desconocer en qué términos había este garantizado que el BNG podría sumar dedicaciones exclusivas a sus nuevos ediles, en caso de recambio. La historia posterior es conocida: crisis de los sueldos, ruptura del PP y, a la postre, la presencia de una edila no adscrita en la corporación fruto de la escisión, María Biempica.
Sueldos, peatonalización, el traspaso de Pasarón (revitalizado esta semana por un informe municipal que dice que el estadio no puede ser transferido tácitamente de la Diputación al Concello) han sido los viejos debates que ahora se antojan prehistóricos ante el nuevo contexto, evidenciado tras las elecciones europeas, con cinco eurodiputados de Podemos que, por cierto, han renunciado a cobrar sueldos de ocho mil euros al mes y se imponen un tope de 1.930, unos 27.000 al año. Un concejal en Pontevedra cobra más de 43.000.
Gota a gota, la indignación ha ganado en presión, hasta que ha topado en Podemos y AGE una grieta por la que salir en tromba. Aquella acampada del 15-M que el Concello despachó haciendo la vista gorda con la Policía Local y facilitándoles una conexión de agua de la red municipal se convirtió seis meses después en una manifestación que reunió en las calles de Pontevedra a cerca de un millar de personas el 15 de octubre del 2011. Y repitieron en el aniversario, el 12-M del 2012, con otra manifestación por las calles de la ciudad.
Ahora, herencia de aquel movimiento se han contado tres mil cien papeletas de Podemos en las urnas de los colegios electorales pontevedreses. AGE tiene otras tres mil, un número similar a las cosechadas por del BNG.
El próximo 5 de junio, el círculo de Podemos en Pontevedra ha convocado una asamblea abierta a toda la ciudadanía para avanzar en cómo se organizan y canalizan las demandas.
Entretanto, BNG, PSOE y Partido Popular, ajenos todavía, apuran el fin de mandado enredados en sus viejos debates.
crónica política capital y tal