La duda sobre la concesión frena la inversión de Ence en Lourizán

La pastera sostiene que la incertidumbre pone en serio riesgo su futuro


pontevedra / la voz

La prórroga o el cese de la concesión de Ence en Lourizán tras el 2017 cuelga como una espada de Damocles sobre la factoría hasta el punto de que ha obligado a la pastera a paralizar las inversiones que sí está dispuesta a realizar en otro complejo fabril del grupo como es Navia (Asturias). En un comunicado sobre la actividad económica del primer trimestre y la incidencia de la reforma energética del Gobierno central, Ence también le dedica un párrafo breve, pero intenso, sobre la situación de su complejo industrial pontevedrés.

Aunque el grupo pastero arrastra unas pérdidas de catorce millones de euros en el primer trimestre como consecuencia de la reforma energética y las oscilaciones del precio de la madera, desde Ence se incide en que el bajo nivel de endeudamiento de la compañía le permitirá desarrollar un «intenso programa de inversiones y de mejora de eficiencia» en la fábrica que la pastera tiene en Navia. Esta renovación tecnológica es necesaria para poder «combatir los efectos de la reforma eléctrica del Gobierno» de Madrid.

En este mismo escrito, se incide que, en cambio, el futuro de Lourizán aparece más sombrío. En este escrito público se matiza: «La incertidumbre que pesa sobre la renovación de la concesión de la fábrica de Ence en Pontevedra obliga a la compañía a mantener paralizadas todas las inversiones en esta factoría».

Y por si estas aseveraciones no fuesen lo suficientemente claras, desde la empresa pastera se añade que esta situación de espera sobre Lourizán «pone seriamente en riesgo su futuro», un temor que pese a los cambios legislativos en el ámbito energético no existe para la fábrica de Navia.

Pendiente de Costas

La concesión que Ence tiene en Lourizán finaliza en el 2018, pero la nueva Ley de Costas ha abierto la puerta a la posibilidad de que pueda permanecer en su ubicación actual durante varias décadas más. El proceso exige que la empresa tramite una solicitud ante el Estado y que Costas pida un dictamen a la Xunta como Administración autonómica. Ese dictamen es preceptivo, pero no obligatorio. El Estado puede acogerse a un interés general para aceptar una excepcionalidad, aún en el caso de que la comunidad autónoma fallase en contra, y así conceder la controvertida prórroga a la que se oponen el Concello y varios colectivos sociales como la APDR.

A Ence le corre prisa aclarar el futuro de su fábrica de Lourizán, sobre todo por las graves repercusiones económicas que le ha causado la revisión de la política energética del Gobierno central. A finales del año pasado formalizó una petición de prórroga amparándose en la nueva legislación de Costas.

Sin embargo, esta petición fue precipitada, como la definieron desde el Gobierno gallego, puesto que el reglamento que desarrolla el nuevo texto legal, y por lo tanto, también las condiciones que regularán el proceso concreto de las solicitudes de prórroga empresarial, todavía no está aprobado.

La Consellería de Medio Ambiente hizo una consulta sobre este particular al Ministerio de Agricultura, que aceptó archivar la solicitud de Ence y le comunicó a las partes implicadas que el plazo que tiene la empresa para presentar la petición comenzará a correr tras la entrada en vigor del reglamento. Este último paso está previsto que tenga lugar el próximo verano o como muy tarde en otoño.

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