Tres años de cárcel por arrojar pintura a la piscina olímpica

López Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

<span lang= es-es >Ataque gemelo en Vilagarcía</span>. Sucesos como el ocurrido en Pontemuiños o, días después, en Vilagarcía fueron los únicos incidentes reseñables de una huelga que discurrió con normalidad.

Ataque gemelo en Vilagarcía. Sucesos como el ocurrido en Pontemuiños o, días después, en Vilagarcía fueron los únicos incidentes reseñables de una huelga que discurrió con normalidad. M. Miser

La Audiencia entiende que la acción, enmarcada en la huelga del 2010, buscó intimidar a los trabajadores que no secundaban la movilización

01 may 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

Dos trabajadores de la empresa Serviocio, que gestiona las piscinas de Campolongo, han sido condenadas a tres años y un día de prisión y al pago de multas por arrojar pintura a la piscina olímpica de Pontemuiños en el marco de la huelga del 2010. Además, se les impone el pago de 609 euros por la reposición del agua, 409 por la limpieza de las bancadas y de otros 125 euros por los desperfectos que la pintura ocasionó en la ropa del gerente del complejo deportivo.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día

Se considera acreditado que formaban parte del piquete que, en la mañana del 8 de febrero, irrumpieron en las instalaciones cuando se encontraban tres socorristas, un empleado de recepción y cuatro personas de dirección. «Movidas por la intención de obligar a las personas que allí se encontraban trabajando a secundar la huelga (...), empujaron al gerente del complejo y comenzaron a proferir gritos de ??esquiroles??, al tiempo que arrojaban pintura de color rojo y jabón líquido al agua de la piscina y a las gradas», refiere la resolución.

Inicialmente, el Juzgado de lo Penal número tres impuso seis meses de cárcel y multas. Las trabajadoras recurrieron buscando la exoneración y la Fiscalía de Pontevedra hizo lo propio, pero con el objetivo de lograr un castigo mayor. Y lo logró.

La Audiencia de Pontevedra ha hecho recaer todo el peso de la ley sobre ambas. Los tres años es la pena máxima que prevé el Código Penal para aquellas personas que, «actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga».

La sala segunda considera que «a violencia física empregada polas acusadas -empurrón ao xerente das instalacións para vencer a súa resistencia a que o grupo do cal formaban parte aquelas entrase na zona da piscina-, a forza nas cousas mediante o lanzamento de pintura de cor vermella e xabón líquido ás bancadas e á auga da piscina» conllevaron una «intimidación grave» hacia quien no secundaba la huelga.

Esta sentencia ha provocado la indignación en Comisiones Obreras. No en vano, implica el ingreso en la cárcel de dos mujeres que carecen de antecedentes penales.

Ramiro Otero, secretario general de la federación de servicios de CC. OO., recordó que la huelga del 2010 «foi normal, con absoluta tranquilidade e non houbo denuncias naquel momento por ningunha das partes por actos de violencia ou saídas de ton». Encuadró la resolución «nun ataque máis ao dereito á folga, ao medo que se lle quere meter á cidadanía por parte dos estamentos que nestes momentos están condeando aos traballadores que participan en folgas. Está claro que é un ataque ao dereito constitucional pola parte ideolóxica do Partido Popular e por parte das fiscalías».

CC. OO. está estudiando posibles salidas a una sentencia que es firme. Pese a ello, Ramiro Otero pidió a la Fiscalía que no ejecute el fallo y «que non se condee a quen está a exercer o seu dereito constitucional sen violencia ningunha. A violencia se está levando por outros estamentos chamados legais». No se descarta, la petición de indulto, así como la interposición de un recurso extraordinario.

José Luis García Pedrosa, secretario comarcal de Comisiones, tras insistir en que ningún testigo identificó a las pontevedresas como las que arrojaron la pintura y negar que existiera violencia -no constan denuncias por agresión o partes de lesiones-, tachó el fallo de «desproporcionado» y «abusivo». Explicó que van a empezar una recogida de firmas y una serie de entrevistas con autoridades políticas y sociales, e instituciones.

Mientras tanto, las pontevedresas «están moi preocupadas. Son cidadáns normais desta cidadade. A súa situación é de complexidade absoluta e de medo».