Un abogado pontevedrés lleva la Ley de Tasas hasta la Audiencia Nacional

L. P. Pontevedra / La Voz

PONTEVEDRA

El letrado justifica su impugnación aduciendo que «impide acceder a la Justicia como ciudadano y también ejercer mi trabajo como abogado»

15 abr 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

La sala de lo contencioso-administrativo anunció, a través del Boletín Oficial del Estado, la interposición por parte del abogado pontevedrés Antonio Calvar Carballo-Pérez de un recurso contra la polémica Ley de Tasas. En este sentido, el letrado, tras remarcar que su escrito no alude a un caso concreto, precisó que se trata de «una impugnación general, porque las tasas me impiden acceder a la Justicia como ciudadano y también ejercer mi trabajo como abogado», según recoge el portal de Internet de la Abogacía Española.

En este sentido, no duda de que tales disposiciones son «contrarias a la integridad moral del ciudadano y al propio ejercicio de la profesión y el comercio. Ataca incluso el artículo 38 de la Constitución». A través de este artículo, la Carta Magna «reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación».

A este respecto, Antonio Calvar acude a un símil para explicar los efectos que generan las tasas judiciales: «Si un ciudadano no paga un impuesto, como puede ser el IRPF o cualquier otro, habrá cometido una infracción tributaria, pero no se le priva de andar por la calle. Pero como la tasa judicial debe hacerse inmediatamente ejecutiva, el ciudadano no queda adeudando la tasa al Estado, como en los otros casos, sino que se le impide su acceso a la justicia, se le impide el ejercicio de sus derechos. Es un hecho histórico que se le impida a una persona la defensa de sus derechos porque tenga que pagar un impuesto». En este marco, la Audiencia Nacional, además de hacer pública la interposición de este recurso, abre un plazo de nueve días para que todos los interesados en el procedimiento abierto puedan personarse en los autos.